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La Policía detiene a cambista que se resiste a retirarse de calles y avenidas de San Isidro

Trabajadores aseguran que no se irán de la vía pública y comuna señala que empezarán a imponer sanciones.

La Policía detiene a cambista que se resiste a retirarse de calles y avenidas de San Isidro

La Policía detiene a cambista que se resiste a retirarse de calles y avenidas de San Isidro

18 de Octubre del 2016 - 05:28

La entrada en vigencia de la ordenanza que prohíbe la comercialización de moneda extranjera en la vía pública de San Isidro dejó ayer un cambista detenido por negarse a mostrar su documento de identidad.

La intervención a César Aza Gastiaburú se produjo en el cruce de la avenida Rivera Navarrete y la calle Andrés Reyes, donde fiscalizadores del distrito, en compañía de una fiscal y policías, instaron a los cambistas, por medio de una notificación, a retirarse de forma voluntaria.

No acatarán. En un tenso diálogo entre la titular de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima, Cecilia Vásquez, y el representante legal de los cambistas, Raúl Sarmiento, los trabajadores expresaron su rechazo a la norma municipal y aseguraron que no se irán de esas calles.

“Hemos interpuesto una acción de amparo y medida cautelar contra la norma, que vulnera el derecho al trabajo. Asimismo, tenemos una autorización vigente hasta el año 2017 y contamos con el apoyo de los vecinos”, señaló Sarmiento.

En tanto, la gerente de Seguridad Ciudadana del distrito, Gabriela Zúñiga, señaló que la aplicación de la norma continuará. “Vamos a seguir con el proceso de identificación y mañana empezamos a sancionar con una multa de 3975 soles y una denuncia penal”, refirió.

En un recorrido por San Isidro, Correo constató que los trabajadores dedicados al cambio de moneda extranjera aún operan en las calles Miguel Dasso y Las Begonias, y la avenida Rivera Navarrete.

Según Rafael de la Cruz, representante de la Asociación de Cambistas de Miguel Dasso, el accionar del alcalde Manuel Velarde es contradictorio, pues desde el año pasado asistían a charlas para actuar frente a cualquier acto delictivo.

“La ordenanza fue hecha sin consultarnos y nos perjudica, porque alquilar un local cuesta 7 mil dólares mensuales”, manifestó.

Varios vecinos también se mostraron en contra de la norma.

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