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Renco enfrenta juicio de mil niños oroínos

Renco enfrenta juicio de mil niños oroínos

Renco enfrenta juicio de mil niños oroínos

16 de Noviembre del 2010 - 23:22 » Textos: Epensa

EDVAN RÍOS
(Enviado especial a La Oroya)
Si a fines del 2007, eran 137 niños afectados los que demandaron a Renco Group y su accionista mayoritario, Ira Rennert, por las secuelas del plomo en sus organismos, derivadas por la contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, a la fecha, esa cifra se ha triplicado, llegando a sobrepasar los mil casos de víctimas que reclaman indemnizaciones a la subsidiaria de Doe Run Perú en Missouri. Sus procesos judiciales han sido encargados a un consorcio de abogados estadounidenses y peruanos.
La cifra se conoció ayer en una accidentada conferencia de prensa realizada en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Yauli de La Oroya, donde los defensores extranjeros expusieron el proceso y buscaron convocar a más afectados por la contaminación. Pero no fue sencillo, ya que trabajadores y pobladores de La Oroya, convencidos de que el inicio de este juicio contribuyó al cierre de operaciones de Doe Run Perú en La Oroya, trataron de impedir la exposición del caso.

JURISDICCIÓN. Luego de algunas escaramuzas, los abogados Víctor Careaga, Michael Hugo y Kristine Kraft, detallaron que la demanda se presentó ante el Tribunal Estatal de la ciudad de San Luis de Missouri en el 2007, pero Renco Group, rechazó la jurisdicción del caso. Según Careaga, rebatieron este alegato, señalando que "si bien las víctimas eran peruanas, las decisiones corporativas y lineamientos del complejo de La Oroya las tomaba la matriz instalada en Missouri". Merced a este argumento, en marzo del 2008, un juez federal les dio la razón y ahora esperan que el caso pase a un Tribunal municipal que -en aproximadamente 6 meses- iniciará un proceso que incluirá exámenes especiales para conocer la magnitud de la contaminación en los niños. Un jurado, finalmente, resolverá el caso.
Careaga explicó que trabajan bajo un contrato que les permite cobrar sus haberes (40% del monto de indemnización) cuando la sentencia salga favorable.