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El emprendimiento más importante de los últimos 30 años es Camisea, yacimiento explorado por Shell Mobil, con reservas probadas de gas natural y líquidos, licitado internacionalmente en el año 2000, para la extracción, transporte y entrega de gas en Lima. Esto, que parece sencillo, tomó años de discusiones y decisiones de Estado. Fue un tema nuevo y eminentemente técnico, realizado por funcionarios con conocimientos y, como lo dice el Poder Judicial, con buena fe y cumpliendo la ley. Todos querían el mejor proyecto para el país, a pesar de que hubo diferencias y se logró la energía más barata de la región para beneficio de todos. Algunos insinúan que se benefició a empresas, pero ello es imposible, pues los jugadores ni siquiera estaban definidos ni el proyecto determinado. Prueba de ello es el surgimiento de proyectos derivados de Camisea impensados en el 2000: la exportación del gas, el gas natural vehicular, la petroquímica, la distribución fuera de Lima y los nuevos ductos que algún día llevarán gas de forma física o virtual al resto del país.

A lo largo de estos emprendimientos por más de $20 mil millones, han habido muchos participantes y seguirán habiéndolos, y hasta hoy nadie ha podido probar, en los procesos ante el Poder Judicial, responsabilidad alguna de los ministros Herrera Descalzi, Quijandría, Glodomiro Sánchez, Flury, PPK, Silva Ruete ni de los técnicos de ProInversión y demás entidades públicas.

Como toda materia compleja, permite interpretaciones y, cómo no, hasta posiciones ideológicas.

Esta semana el Contralor ha señalado que existen irregularidades en los contratos de Camisea que determinan una recaudación menor de regalías por $47 millones en 3 años, y que el contrato del Lote 88 perjudica al Estado al establecer una regalía fija y no una variable, contraviniendo la ley, afirmando que se pueden renegociar los contratos por no estar suscritos conforme a ley.
Atribuye responsabilidad penal a los ministros Herrera Descalzi, Silva Ruete, Quijandría y PPK y "señala su preocupación porque sus recomendaciones no han sido atendidas y los contratos no han sido observados".

Sin ánimo de entrar a un debate, quisiera recordarle al Contralor que él no dice derecho y que cualquier indicio o informe que para él contenga ilícitos debe ser entregado al Poder Judicial, quien aplica la ley. Además, las causas pendientes en el Poder Judicial se dilucidan allí, previo informe fiscal, y no en la Contraloría. Así, Herrera Descalzi ha precisado que Camisea tiene un decreto supremo sobre regalías que manda fijarlas en el contrato, y por ello no se aplica la norma invocada por Khoury.

Los peruanos necesitamos funcionarios que ejerzan sus cargos con discreción, respeto a la ley y a las personas "supuestamente" implicadas en "supuestas" irregularidades. Necesitamos que las materias públicas se traten con legalidad y prudencia, pues cabe que el Contralor esté equivocado. Para ello, menos prensa y más rigurosidad serían aconsejables.