Correo

- Conforme observo esta chilla creciente para cambiar la Constitución, más se refuerza mi impresión de que la provocación hacia los fujimoristas hecha por Ollanta durante la juramentación no fue casual. Dentro de la lógica "Amigo-Enemigo" del pensador político Carl Schmitt –al que estudié en España con el sapiente Dalmacio Negro Pavón– lo que está buscando Humala (o su asesor Favre) es delimitar cuál será su "enemigo", su "villano" político a destruir durante los próximos años: el fujimorismo, el bloque más organizado, popular (en el sentido de tener "pueblo" al lado) y combativo al frente, el APRA de estos tiempos. Y por eso lo provoca para demolerlo, al igual que a lo que queda del APRA. A ambos buscará desprestigiarlos: al primero refregándole constantemente lo de "mafiosos" –en complicidad con los Vargas Llosa, los caviares y los cojudos que siguen viviendo con sus rencores de los años 90– y a los otros con implacables persecuciones (con Javier Diez Canseco como ariete).
Superados ambos escollos, que tienen tantas máculas, ya no habrá resistencias para una hegemonía política chavistoide. ¿Quién más tiene el vigor para detenerlos? Perú Posible se ha suicidado, con la asistencia del propio "garante" Toledo. Ya no es nada, salvo Bruce. El AP de los "Lescanos" es prohumalista y Vitocho acabará como Bruce. De la "alianza", gente como Yehude, Benítez e Iberico serán sin problemas oficialistas, mientras que el inexperto Lay y el limeño PPC son muy débiles para diques. Y el resto son invitados.

Un Presidente –y ese par de arlequines que tiene por vicepresidentes– que neciamente jura por una nefasta Constitución pasada bien que se merece un reclamo. Ergo, Martha Chávez hizo bien en protestar, pero eso no debió pasar de 5 minutos. Ponerse a gritar 47 minutos, cual posesa, desvirtuó una muy fundamentada protesta. Porque deslegitimar a la C-93 es el primer paso para reemplazarla con una Constituyente (o lo que sea más eficaz), siguiendo el libreto de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Como eficaz coartada, se tiene a descartables "tontos útiles" como Eguiguren y Borea, gente de torres de papel que no se dan cuenta cómo espantan la inversión con sus veleidosos bizantinismos legalistas, "compañeros de viaje" que le dan una apariencia de corrección a lo que puede ser un perverso y escondido zarpazo. Y también el camaleónico Burneo colabora con ese absurda exigencia de reemplazar el artículo 60, aunque él bien sabe que para jugar al banquerito o a los avioncitos puede simplemente acudir a una ley expresa, sin tocar la C-93. Burneo –a diferencia de los ilusos Borea y Eguiguren– no ignora que hablar en estos momentos de cambiar la C-93, con alguien tan poco confiable como Ollanta en el poder, es paralizar a los inversionistas. Nadie va a invertir si un gobierno izquierdista –y posiblemente chavista de corazón– habla desde el saque de variar la regla básica de cómo se ordena económica y políticamente una sociedad. En cambio, el castrista Diez Canseco sí la tiene clara y por eso impulsa sin ambages una nueva Constitución chavista, para seguir el rumbo de sus admirados Chávez, Evo y Correa.

Les expongo algunas perlas de la C-79 para que vean por qué me causa escalofríos que algunos irresponsables en lo económico como Eguiguren y Borea la invoquen:

- El art. 110 afirma que "El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social". Así se introduce esta vaga coartada demagógica para cualquier disparate. El art. 111 establece que "El Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad empresarial del Sector Público y orientan en forma concertada la actividad de los demás sectores. La planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio". Esto nos vuelve una potencial Cuba, con un Estado que te puede obligar a "concertar" como quiera.

No menos escalofriantes son el 113 ("El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país") y el 114 ("Por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios"), que imponen férreamente el estatismo, mientras que el 115 ("el Estado estimula y reglamenta su ejercicio –se refiere a la iniciativa privada– para armonizarla con el interés social") y el 117 ("El comercio exterior es libre dentro de las limitaciones que la ley determina por razones de interés social") harían sonreír de gusto a Hugo Chávez, así como el 124 ("La propiedad obliga a usar los bienes en armonía con el interés social") y el 130 ("Las empresas [...] son unidades de producción cuya eficiencia y contribución al bien común son exigibles por el Estado de acuerdo a la ley").

Para finalizar, los artículos 140 y 262 (inc. 6) les otorgaban peligrosísimas facultades financieras a las regiones, lo que nos haría acabar quebrados, como Argentina en el 2000. ¡Imagínense a Álvarez de Áncash o a Fuentes de Puno con la capacidad de emitir bonos o concertar deuda externa! Y hay más barbaridades...

No, hay que defender la C-93 con uñas y dientes, hay que evitar el solapado zarpazo chavista que quieren meternos con el cuento del cambio constitucional. Si no, el viaje será sin retorno.