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Salomón Lerner ha anunciado varios temas importantes últimamente. Uno, que pasó desapercibido, es la reestructuración de la OSCE o, lo que es lo mismo, del antiguo Consucode.

Parecería que los ciudadanos no tenemos nada que ver con este anuncio, salvo que seamos proveedores del Estado, pero ello es falso.

El Estado tiene la obligación constitucional de contratar todos los bienes y servicios mediante licitaciones o concursos públicos, para que se compre a precios adecuados productos idóneos y, cómo no, para que no se beneficien allegados de los compradores con contratos importantes.

Si no tuviéramos esta prohibición, como la tienen todos los países, entonces los puestos públicos serían más apetecibles y los países podrían comprar bienes y adquirir servicios con dinero de todos, de mala calidad a precios altos.

Pero esto, que parece lejano y sin importancia, es el actuar diario de cualquier entidad pública. Todo se compra con concurso o licitación: desde papel hasta carreteras. Desde una consultoría hasta una emisión de bonos. Hay excepciones, cómo no, pero deberían ser las menos. Por ejemplo: si quiero un informe legal de un tema especializado donde hay un experto, puedo solicitar, por excepción, que sea esa persona la que haga el informe, pero hay que sustentar ese pedido. Luego, en caso de emergencia -el más manoseado de la administración pública- también se puede contratar sin concurso. Esto se hace cuando hay una emergencia y no se tiene el suministro del bien o el servicio. Por ejemplo, cuando un hospital se queda sin medicamentos.

Las licitaciones o concursos públicos son complejos porque siguen normas que han sido modificadas con el tiempo y algunas veces estas modificaciones parecerían responder a "pedidos" especiales. Si bien la legislación es adecuada en muchos temas, en otros podría ser mucho mejor. Pero la función más importante de la OSCE es que decide en los casos en que se impugnan los resultados de las licitaciones y concursos, y créanme que son muchas las impugnaciones y significan millones de soles.

Por ello, la OSCE debe ser una entidad con miembros intachables, normas transparentes y fáciles de aplicar, y donde no queden dudas de que se aplicará la ley sin favoritismos. Es bien sabido que los gobiernos buscan poner a "su" gente en la OSCE para manejar las licitaciones.

Felicitamos que se reorganice la OSCE, pero pedimos transparencia y por ello que los miembros de esta entidad tengan las más altas calidades morales y profesionales y sus resoluciones sean motivadas y públicas. Hay muchísimos intereses y se juega mucho de nuestro dinero en la OSCE. Por ello, una señal de lucha contra la corrupción sería el cuidado y transparencia en los nombramientos en la OSCE y sus tribunales. Estemos atentos a ello.