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La trampa de discutir el mejor método para optimizar la evaluación que hace el Ministerio de Educación a los docentes en el marco de la Carrera Pública Magisterial, que ha suscitado denuncias por falta de pertinencia y transparencia además de corrupción, está precisamente en el hecho de asumir que tenga que ser el Ministerio de Educación el que los evalúe, cosa que ocurre en muy pocos países emergentes y desarrollados. En ellos, una vez titulado el profesor, es decir, evaluado por el instituto pedagógico o la universidad debidamente acreditados, quienes evalúan a los profesores una vez que inician sus labores profesionales son los directores de cada colegio, y eventualmente algún supervisor externo del ministerio o gobierno regional. Rara vez se hace usando pruebas escritas nacionales únicas para todos los profesores, tomadas el mismo día, hora y con el mismo formato a todos por igual. Eso no sólo que no revelará quién es un  buen profesor, sino que puede producir todo lo contrario. Es decir, darle altos puntajes a quienes pueden ser malos profesores. Basta que sean personas que tienen buena formación académica y buen récord administrativo, para tener altos puntajes, sin que eso refleje en absoluto su buen desempeño docente en el aula ni el aprendizaje que logran los alumnos gracias a su acción docente.

Una alternativa al frágil sistema actualmente vigente sería armar una nueva matriz de evaluación. Ésta podría incluir previamente lo siguiente: 1). Acreditación de institutos y universidades que bajo estricta supervisión pueden titular o certificar docentes; 2). Selección y formación de directores competentes, dándole una certificación especial a los que demuestren condiciones éticas y desempeño satisfactorio; 3). Modificación legal para darle prerrogativas a estos directores certificados para evaluar a los docentes a su cargo.

Con directores que tienen el mismo peso social, confiabilidad y prerrogativas de evaluación y decisión que puede tener un juez, un árbitro de un convenio arbitral, un encargado de licitaciones y compras estatales, y con instituciones formadoras que tienen  el peso social del BCR o Indecopi, se puede armar una evaluación confiable y funcional de los méritos docentes y académicos del docente.