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Así como el APRA debía ganarse el beneficio de la duda en materia de sensatez económica (SE 1034), este gobierno debe ganárselo en cuanto a vocación democrática, debido a las dudas que, como el propio Presidente admitió (SE 1271), despiertan sus antecedentes. En esa línea, se observan gestos por un lado encomiables pero principalmente simbólicos, como la voluntad de diálogo ante ciertas críticas (por ejemplo, del presidente de Congreso y del Canciller). En la orilla contraria, hay algunas muestras de intolerancia y soberbia (SE 1284).

Pero hay ciertas iniciativas que tienen la peligrosa particularidad de parecer democráticas cuando en realidad son todo lo contrario. Tres de ellas resaltaron la semana pasada, y preocupan porque podrían ser indicio del tipo de "democracia" que promueve el humalismo. Se trata de la promulgación de la ley de consulta previa, de la sesión del Congreso de la República en Ica y de la propuesta del Ministerio de la Mujer para fijar cuotas de género obligatorias en la administración pública.

Las tres socavan los fundamentos de la democracia en su versión representativa, pilar y fundamento de nuestra institucionalidad republicana.
Ésta se basa, además del voto popular, en la delegación del poder y en la inalienabilidad de los derechos fundamentales (SE 1090). En contraposición a ella, la "democracia directa" o plebiscitaria (favorita de los autoritarismos latinoamericanos) pretende someter todo al escrutinio directo del pueblo. Eso no tiene sentido, porque la democracia occidental moderna no es más que un gran fideicomiso (encargo de confianza) por el cual los titulares de bienes públicos, que no se pueden administrar difusamente, los entregan en administración a los gobernantes (SE 1202). Para cumplir su encargo, ellos no pueden estar consultando cada decisión, pero sí tendrán que rendir cuentas. Por ello, sólo tienen sentido las consultas que conciernen a ese rendimiento de cuentas (revocatorias de autoridades) o bien las que modifican estructuralmente los términos del encargo (cambios constitucionales).

La ley de consulta previa y la sesión parlamentaria en Ica (para "acercar el Congreso al pueblo") responden claramente a una lógica de democracia directa. Pero mucho más efectivo para legitimar y dar eficacia a la representación política sería fijar la elección parlamentaria por distritos uninominales (SE 1285).

En cuanto a las cuotas de género, lo bueno es que no se quieren imponer para cargos elegidos. Ello implicaría destruir la representatividad, pues supondría que el voto minoritario valga más (el representante del género a favor del cual se impone la cuota necesita menos votos para entrar). Pero si se aplican sólo al Ejecutivo, también dificultan el encargo de confianza democrático porque lo someten a un factor irrelevante (el sexo). El error está en creer que las mujeres sólo pueden ser representadas eficazmente por mujeres, cuando la política entraña representación ideológica, no sexual. En el extremo, las cuotas conducirían a un corporativismo biológico, donde cada representante no requeriría convencer a nadie, sino sólo "parecerse" a sus representados. Sería la antipolítica misma.