Correo

Varias cosas me mueven esta semana. La estúpida muerte de Walter Oyarce, seguida de las emotivas declaraciones de su padre pidiendo que la muerte de su hijo sirva -de verdad- para acabar con esta locura desenfrenada de las barras bravas en nuestros partidos de fútbol. Las soluciones: no jugar, jugar sin público, o con niños y mujeres únicamente, son paliativos mediáticos para un problema social complejo que debería llevarnos a pensar por qué actuamos como actuamos en el estadio.

El gobierno reglamenta el acuerdo con los mineros con un único voto en contra, el de Javier Diez Canseco, probablemente uno de los que impulsó con más pasión esta política pública. ¿Qué es lo que no le gusta? Ni idea.

Dos distinguidos abogados, Javier Valle-Riestra y Alberto Borea, deciden que la Constitución del 93, con la que hemos vivido -nosotros y ellos-, debe ser cambiada y buscan recolectar firmas para lograrlo. Los escucho en televisión y me pregunto: ¿qué pensará el peruano común y corriente y cuánto le importará de verdad una Constitución u otra? Pienso también si es momento de tanta distracción pero, sobre todo, con esta deformación que tenemos los que nos interesamos por las cosas de Estado, pienso: ¿qué les pasa a estos señores? ¿Qué arreglarán de verdad cambiando la Constitución? Sigo. Leo periódicos de otros países buscando entender la magnitud de la crisis que no sentimos aún, y que dicen viene grande; pero acá, en vez de trabajar más, algunos piden nueva Constitución. ¿Será que sólo buscan "ser noticia"?

El Congreso quiere interpelar a la ministra García Naranjo porque no fue a Cajamarca a ocuparse personalmente de averiguar sobre la intoxicación y posterior muerte de varios chicos alimentados por el Pronaa. ¿Servirá de algo a los chicos, a sus padres, a las políticas públicas sobre programas sociales o al país, que interpelen a la ministra? No. Me da la impresión, por sus declaraciones, que ella sabe que debió estar en Cajamarca y no bailando con el Puma Carranza; pero desafortunadamente hay caminos que no se pueden desandar y ella ya ofreció disculpas.

El Congreso pretende aprobar una ley que impida que los delitos de funcionarios prescriban, para que nada tenga final, cuando todo sistema jurídico se basa en la seguridad y los abogados sabemos que el paso del tiempo, sin acción por parte del titular de la misma, aunque éste sea el Estado, trae como consecuencia la imposibilidad de penalizar. Pero claro, ahora es popular decir que mejor es perseguir a todos los funcionarios públicos para toda la vida. ¡De locos!

Me pregunto finalmente: ¿habré trabajado mucho esta semana o sólo me acosté tarde anoche? No sé, estoy mareada o viviendo una pesadilla.