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Los estados son mejores para sus ciudadanos cuando se organizan considerando uno de los pilares de la democracia moderna: la separación de poderes. El pueblo, en uso del poder constituyente, aprueba una Constitución que a su vez consagra poderes constituidos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con distintas funciones que permiten "pesos y contrapesos" evitando la concentración de poder en una sola mano y separando las tareas de cada poder frente a los ciudadanos. Por ello la separación de poderes es reconocida como el elemento fundamental del Estado moderno.

Nuestra Constitución lo reconoce en el artículo 43º señalando que el gobierno peruano se organiza según el principio de separación de poderes.

El Poder Ejecutivo formado por el presidente y sus ministros tiene a su cargo dirigir la política general de gobierno; el Poder Legislativo formado por nuestros congresistas da leyes, representa y fiscaliza y el Poder Judicial formado por los magistrados administra justicia.
Escribo este artículo porque siento que últimamente la división de poderes viene siendo cuestionada por aquellos que desde distintos espacios sostienen que existe una clase empresarial dominante, rica y abusiva que usando su poder en diversos ámbitos se niega a pagar sus obligaciones (multas, impuestos, u otros) y con abogados influyentes presionan al Poder Judicial e incumplen sus obligaciones.
Cito como un ejemplo lo publicado por IDL Reporteros sobre el caso Telefónica "Ante ese fallo, Telefónica hizo lo que muchas de las compañías más poderosas del país realizan rutinariamente: aplastar las acciones regulatorias del Estado llevando el caso al Poder Judicial, donde los más fuertes estudios de abogados se enfrentan a la débil capacidad de defensa del Estado; y a la poca preparación en unos casos y corrupción en otros de funcionarios fiscales y judiciales."

Todos tenemos que pagar impuestos y cumplir las obligaciones impuestas por el Estado. Pero esto no impide que cualquier administrado recurra al Poder Judicial usando el Artículo 148° de la Constitución que, reconociendo la separación de poderes, señala que "Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa."
Así cualquier administrado disconforme con las resoluciones del Poder Ejecutivo puede llegar al Poder Judicial. Esto es una garantía de que somos un país que permite en su Constitución que el Poder Judicial revise cualquier caso reconociéndole a éste la administración de justicia. Se equivocan de palmo a palmo quienes insinúan que se trata del abuso de empresarios ricos y sembrar esa semilla es malo para todos pues dejaría sin defensa a ricos, pero también a pobres, dándole poderes ilimitados al Ejecutivo sin contrapeso alguno.

Todos queremos una mejor defensa del Estado, pero eso no se logra evitando que los casos lleguen al Poder Judicial sino fortaleciéndolo. Tengamos cuidado y no tratemos con ligereza temas medulares; peor aún insinuando un remedio inconstitucional.