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Entre 1996-2000, el Minsa implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar para garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, planificación familiar y salud sexual, priorizando los sectores más pobres y vulnerables. El objetivo fue mejorar las condiciones de salud reproductiva en los segmentos marginados de la sociedad, dándosele énfasis a la población de la Sierra por la gran desigualdad que existía en el acceso a los servicios de salud y en los índices de desarrollo. Así si la mortalidad materna del país era 261 x100,000, en Ayacucho era 1039; si la tasa de fertilidad global era 3.2, en Huancavelica era 6.5 hijos por mujer; si la tasa de mortalidad infantil era 43 x1000 nacidos vivos, en Apurímac era 106. Sólo 1 de 5 nacimientos ocurría en un hospital. En 1993, 1670 mujeres murieron por causas relacionadas con el embarazo, parto y postparto. Esto es una muerte cada 5 horas.

El programa reconoció que las mujeres tenemos el derecho de decidir cuántos hijos queremos tener y cuándo. Por eso informaba y educaba sobre sexualidad y TODOS los métodos anticonceptivos disponibles y los entregaba gratis. Además se incrementó el número de centros de salud, se facilitó e impulsó el acceso al cuidado pre y post natal y los partos institucionalizados. Entre los métodos anticonceptivos se incluyó por primera vez la anticoncepción quirúrgica voluntaria (ligadura de trompas, vasectomía) y se estableció que las mujeres podíamos decidir esterilizarnos voluntariamente sin necesidad de la autorización del marido. ¡Un gran avance en los derechos de las mujeres!

Se ha hablado de 300,000 esterilizaciones "forzadas". Sin embargo, de las 254,455 ligaduras de trompas realizadas, sólo existieron aproximadamente 200 denuncias de esterilizaciones hechas sin consentimiento investigadas por la Defensoría. Estas esterilizaciones sin consentimiento son un crimen, sí y terrible, pero de responsabilidad personal de los médicos que los cometieron, no una política de Estado, pues las normas del gobierno establecían que la AQV era libre y voluntaria, y prohibían explícitamente dar incentivos a cambio de esterilizaciones y ejercer presión. También se ha dicho que hubo miles de muertes, sin embargo, fueron 20 las lamentables muertes que ocurrieron por complicaciones acontecidas después de la operación.

El gobierno peruano NUNCA tuvo una política de Estado de esterilización "forzada". En una campaña orquestada durante el gobierno de Toledo, los ministros de Salud Fernando Carbone, Luis Solari y el asesor Juan Succar comenzaron el mito de 200,000 esterilizaciones "forzadas" sin sustento alguno. Mientras, desde el Congreso Héctor Chávez Chuchón, de PP, planteaba la derogación de la ley que aprobaba las AQV como método anticonceptivo. Todos ellos vinculados a agrupaciones católicas ultraconservadoras que se oponen al uso de anticonceptivos modernos.

Los grupos de feministas salieron a denunciar el complot. Sin embargo, después cederían sus principios a intereses políticos, aliándose a católicos ultraconservadores en su afán de desprestigiar al fujimorismo y dañar a Keiko creando el monstruo de la "esterilización forzada". Es que los intereses políticos pesan más que los principios y la verdad.