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La protesta antiminera vuelve a sacudir al gobierno y al país y revela la incapacidad de nuestra sociedad de entender que para que se desarrollen actividades relacionadas a la extracción de recursos naturales se debe impactar positivamente la vida de los pobladores. Esto, a pesar de que aparece en el discurso oficial, resulta insuficiente frente a las inmensas necesidades nacionales que, por cierto, son responsabilidad del Estado.

La minería ha sido y será una de las actividades que más ha aportado al sostenimiento del país. Los Incas mantuvieron el imperio transando oro y plata, los españoles lo mandaban a la Corona y los gobiernos cubren sus necesidades con dinero que proviene del mineral.

La explotación del mineral en Perú se hizo, como en todas partes, sin respeto al ambiente y en mucho explotada por el Estado. En los 90, con el ingreso de capitales privados para trabajar los yacimientos mineros, empezó de nuevo el crecimiento minero.

Legalmente, el mineral es de todos los peruanos y su manejo se otorga a los particulares vía concesiones. Hoy existen leyes estrictas sobre manejo del ambiente, y antes de empezar una mina hay que tener un plan de cierre. Pero, ¿quién se beneficia con el dinero de la minería? Las empresas mineras, el entorno económico, los pobladores en las zonas de influencia, los trabajadores de éstas y, cómo no, el país, pues la mitad de sus recursos por impuesto a la renta provienen de la minería. El país fue más allá y en un afán de devolver ingresos a las zonas productoras creó el canon, y con ello zonas ricas versus zonas pobres y una casta superior formada por aquellos que manejan los recursos. Si estas enormes cantidades de dinero se manejaran adecuadamente, los pobladores aledaños a las minas marcharían del lado de la empresa, pues su vida hubiera cambiado para bien. Ello no es así. Muchas empresas han aportado esfuerzo y dinero para mejorar la vida de sus comunidades, pero no logran que el dinero del canon se gaste eficientemente.

Hay monumentos, plazas, parques, juegos. Pero no salud, educación e infraestructura productiva. El Estado crea aportes voluntarios, nuevos impuestos y allí donde no puede, firma contratos transfiriendo ingresos de los mineros al Estado, como si con más dinero en arcas públicas se arreglara el conflicto.

No. El conflicto minero es más profundo que el dinero. Pasa por un intercambio que se debe transparentar. ¿Qué necesito para que en la explotación del mineral mejore de verdad la calidad vida de la población?, ¿cómo se respeta el Estado de Derecho en todo este babel minero?

No hay una respuesta. Tenemos que escucharnos, dialogar y llegar a acuerdos. Pero, sobre todo, respetarlos. ¿Quién logrará esto? Lamentablemente, además de los involucrados (Estado, empresas, población) existen los antimineros, actores importantísimos en este conflicto. Así se complica aún más este panorama, que ojalá alguien sea capaz de resolver.