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- Si el flamante premier Valdés quiere imponer una agenda de seguridad pública frente a los agitadores, no le van a bastar el apoyo presidencial, la buena disposición del MEF (no sólo para financiar -¡que urge!- el pertrechamiento de armas no letales o los movimientos rápidos de personal. Ya se vio qué tremendamente efectivo para desmontar la rebeldía del presidente regional Santos fue congelarle las cuentas) y tener influencia directa en los dos ministerios que administran el monopolio de la fuerza estatal (Interior y Defensa).

También va a precisar de otros tres jugadores muy importantes: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Lo primero porque su relación con el ministro Jiménez Mayor va a ser clave en cuanto a cuál será la respuesta legal a estos desafíos ultras. Si Jiménez Mayor no lo acompaña y más bien se dedica a obstaculizarlo con "caviaradas", los efectos de cualquier política de enfrentar directamente a los agitadores van a durar 48 horas y más bien al final el uso de la mano enérgica contra los desmanes terminará en offside y debilitada, como el perro guardián que no puede cuidar la casa porque la cadena que le han puesto no lo deja acercarse. Ya Ernie de la ONG IDL dijo hace poco en La Primera que se podía ir a la CIDH para cuestionar el estado de emergencia o ayer mismo se le impuso una ridícula condena a tres años suspendida a Zenón Cuevas, el impulsor del "Moqueguazo". Es decir, entre el acoso de las ONG caviares y la debilidad de jueces y fiscales, la cartera de Justicia tiene que actuar de escudo y de apoyo a las fuerzas del orden.

El otro frente es el del dinero. Estas redes radicales de ONG antimineras se financian desde el exterior y gran parte de ese dinero pasa casi sin fiscalización por la APCI. Esa agencia tiene que ser liderada por un persona capaz, no influenciada por la caviarada, corajuda y muy consciente de que sus esfuerzos repercuten en la tranquilidad pública. A los radicales hay que cerrarle el caño sin asco. Y de otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera también tiene que funcionar, pues mucho dinero negro también entra a estas redes. Asimismo, tanto la Contraloría como el MEF deben evitar que los gobiernos regionales y ediles usen los fondos públicos para financiar algaradas: eso es malversación de fondos, amén de otras graves faltas penales.

Finalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones debe implementar una política seria de clausura de radios que funcionan sin permisos, ya que a menudo la mayoría de éstas son las que más incitan a la violencia cuando ocurren desmanes. Y nadie quiere censura, pero evidentemente no se puede tolerar que haya irresponsables que enfurezcan más a las masas contra las fuerzas del orden. Eso está penado en EE.UU., Europa o la Cochinchina.

- Javier Diez Canseco, muy probablemente para victimizarse, como le encanta, dice que le hemos dedicado "diez portadas" por el tema de la contratación de su hija (que es un tema que le atañe directamente a ella y a Villarán, no a él) y por el canje de acciones. No ha sido esa cantidad y además confunde "portada" con "oreja" (la "llamada" en carátula para una nota interna).
Y que no se preocupe y siga con sus sumas de portadas (y acciones), porque le vamos a dar la cantidad de portadas y orejas que nos parezcan pertinentes, dado que estos asuntos son de interés público y él es también un personaje público.
Porque nuestras portadas las evalúan nuestros lectores con una aprobación tácita dada por su compra diaria, no un gemebundo congresista.