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El gobierno de Humala ha tenido unas de cal y otras de arena. Negoció con los mineros para cumplir una promesa electoral buscando que el Estado obtuviera mayores ingresos producto de la explotación de los recursos mineros que sirvieran para realizar obras de infraestructura que mejoraran la calidad de vida de los peruanos pobres.

Se pensó que la minería tenía luz verde para su explotación hasta que vino el problema de Cajamarca, hoy aún con un panorama incierto.

Los conflictos en Cajamarca son expresiones de la oposición popular a la explotación de recursos naturales no renovables, esencialmente minería. Y en el espectro se encuentran desde aquellos que consideran que, precisamente por ser no renovables, la contribución al Estado debiera ser mayor y utilizar estos ingresos para generaciones futuras, hasta aquellos que simplemente se oponen por una cuestión ideológica o de simple prejuicio, considerando tal vez que es una reserva que debe guardarse para el futuro o que el único que debiera explotarlas es el Estado, directamente.

¿Por qué tantas opiniones? Porque la extracción de recursos naturales es una actividad compleja donde se colisiona, casi siempre, con el ambiente. Porque hay una tendencia mundial de cuidado ambiental extremo, en muchos casos lideradas por entidades de países que han destruido su propio ambiente. Porque finalmente es un negocio y si no se saca mineral del Perú se buscará en otro país (hay competencia, créanme y no somos únicos). Porque hay entidades que viven de oponerse a la minería y muchas de ellas están en Perú. Porque a pesar que en Perú se trabaja en materia ambiental desde los 90s y hay normas e instituciones, existe un mal precedente y muchas veces a estas instituciones no se les facilita el trabajo(el MINAM es ejemplo de ello). Porque los recursos del canon, inmensas cantidades de dinero para cambiar la calidad de vida de los peruanos más pobres no llegan a los necesitados por incapacidad de las autoridades que no hacen obras o proveen servicios adecuados. Porque ni las empresas ni el Estado se han ocupado de comunicar lo que hacen de manera sencilla y en eso los antimineros han ganado por walkover.

¿Qué se debe hacer? Lleguemos a un consenso respecto a cómo queremos que sea el país en adelante. Si hay lugar para la explotación de los recursos naturales quedemos entre todos cómo la haremos y generemos leyes para ello.

Si decidimos que no queremos ir por esa vía pensemos con qué cubriremos el presupuesto nacional, de dónde obtendremos divisas y con qué reemplazaremos el empleo generado, no solo en la minería (que no es tanto) sino en todas las actividades relacionadas, desde la metalmecánica, hasta las de servicios. No es sencillo pero hay que buscar soluciones.