Correo

Escribo estas líneas como un ciudadano preocupado por la educación de mis hijos. He sido testigo en los últimos días de la tormenta de quejas y reclamos desatada por las denuncias formuladas acerca de las malas prácticas en la comercialización de textos escolares de ciertas editoriales, indignación que por cierto comparto. Pero he observado igualmente consternado el sainete político escenificado en la Comisión Permanente del Congreso que aprovechó políticamente el revuelto río de la indignación de los padres de familia para aprobar un proyecto de ley que, sin ningún debate técnico, introduce cambios que marchan en contra de las tendencias educativas actuales a nivel internacional.

Nadie está en contra de sancionar con rigor a las malas editoriales. Pero no se puede aprovechar este problema para adoptar medidas populistas que deterioren nuestra calidad educativa, como ocurre con la prohibición de los libros fungibles y de la libertad pedagógica del profesor.

Peor aun, en torno al problema de las "comisiones", las medidas no brillan por su efectividad. La solución pasa por sancionar penalmente a los corruptos, para lo cual se debe tipificar el delito. Esta propuesta ya la realizamos ante el Congreso de la República en noviembre pasado, ¿por qué no la incluyeron? En su lugar se ha considerado medidas poco practicables, como las reuniones de padres de familia para escoger los textos escolares (¿Habrá voto secreto?). Así, usted, padre de familia, se convertirá en experto en ciencia y ambiente, comunicación integral, inglés, etc. Yo, por lo menos, no me siento capacitado.
En la práctica, la norma prohíbe el uso de los llamados libros fungibles o interactivos. Prefiero llamarlos así porque esa es su principal característica y la razón por la que no se reutilizan, ya que los niños los recortan, colorean y escriben sobre ellos. O sea, establecen una relación estrecha, cercana.

Declarar a los libros fungibles como simple instrumento de lucro y marginarlos por ello es una propuesta anacrónica, que viola el derecho de nuestros hijos a una educación de calidad. Así, los niños están siendo condenados a estudiar con herramientas del pasado, tal como estudiaron sus padres treinta años atrás. ¿Cómo competirán con alumnos de países vecinos que formen y estimulen con libros más adecuados sus capacidades interactivas?

¿Cuál es el apuro del Congreso si la norma ni siquiera es aplicable para la actual campaña escolar? Escuchemos un debate técnico, con las voces autorizadas de nuestros más prestigiosos educadores. Promovamos las bibliotecas escolares, implementemos la certificación de calidad de los textos, realicemos jornadas de capacitación para maestros.
Agreguemos puntos cruciales como la tipificación de las "comisiones" como un delito penado con cárcel.
Quiero finalizar invocando al presidente de la República, quien desde la campaña nos propuso como uno de sus objetivos principales lograr que la educación sea más inclusiva y de calidad, para que no promulgue la norma y evite así un daño al futuro de nuestros hijos. Al menos, yo crecí pensando que la educación es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos al futuro. Y así lo sigo creyendo.