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La Coordinación de las Fiscalías Penales de busca esclarecer una presunta omisión de la de Medio Ambiente para realizar el cobro de 60 mil soles de reparación civil a favor del Estado, que fue impuesta por la 2da Sala Penal de Apelaciones de Arequipa contra de tres personas sentenciadas por depredación de terrenos agrícolas.

La sentencia del 31 de julio de 2013, que fue emitida por los jueces Fernán Fernández, Sandra Lazo y Héctor Huanca, ordenó que Ángel Paredes Cano, Irene Manrique de Paredes y Candelaria Paredes Neira, cumplieran cárcel suspendida de entre 15 y 18 meses, respectivamente. Adicional a ello debían pagar de forma solidaria dicho monto dentro de este plazo, de no hacerlo se perdería el dinero.

La coordinadora de la Fiscalía de Medio Ambiente, Carolina Cáceres, señaló que el requerimiento de cobro ya fue presentado ante el Juzgado de Paucarpata y que no existiría ninguna omisión, pues el vencimiento es en octubre.

PROCESO.La Sala encontró responsabilidad en los imputados Ángel Paredes Cano, Irene Manrique de Paredes, propietarios del fundo agrícola “Chacra Grande”, ubicado en el valle de Chili Socabaya, al vender para fines urbanísticos 160 m2 a Candelaria Paredes Neira sin contar con el permiso de cambio de uso por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente abrió proceso penal y solicitó la demolición de la construcción hecha.

En primera instancia, el juez del caso ordenó que se pague una reparación civil para el Estado y que los imputados cumplan cárcel suspendida. La Fiscalía de Medio Ambiente apeló la decisión y se elevó a segunda instancia la misma que confirmó la sentencia.

La magistrada Cáceres señaló que si existiría una omisión sería de parte de la Sala de Apelaciones que no instituyó el cuaderno de ejecución, instrumento que sive para que se viabilice el cumplimiento de la sentencia. También dijo que si no se cobró antes fue por la excesiva carga procesal que mantienen.

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