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El sobreprecio en los proyectos de inversión pública se debe a que estos no son elaborados correctamente, además de la corrupción, señaló ayer Juan Mendoza, director de la maestría en Economía de la Universidad del Pacífico.

Durante su intervención en Perumin, destacó que la poca sanción a los corruptos, es un asunto que debe ser atendido cuanto antes. Puso como ejemplo el caso Odebrecht, por el que hasta ahora ningún ejecutivo ha sido sancionado. ”Si no hay sanción, esto podría volver a suceder de aquí 10 a 15 años con otra razón social”, dijo.

En su conferencia sobre ética, transparencia y sostenibilidad, puntualizó que quienes recurren a la coima deben tener un castigo penal y económico y no debe haber impunidad.

Pidió además que es imperioso genera filtros o controles a la inversión pública y destacó que, en el caso de la Interoceánica, el gasoducto y la refinería de Talara, no pasaron por esa fiscalización.

“Así se juega con la necesidad social, ya que una carretera, el gas y el desarrollo de la industria petrolera es necesaria”, indicó.

Instó además a los políticos (congresistas) fiscalizar para que no haya sobrecosto.

“La Interoceánica es una carretera necesaria, pero se hizo con un sobreprecio criminal porque costó 4 veces más, pese a que el flujo vehicular es bajo y menos del 2% de las ventas con Brasil pasan por ahí, cuando pudo haberse hecho la doble vía de Tumbes a Tacna, agua y desagüe a un millón de personas y equipar 10 mil aulas”, ejemplificó.

Según Mendoza, los costos de la corrupción más graves no son económicos, sino políticos, porque desmoralizan a los ciudadanos y ponen en tela de juicio la propia legitimidad de los gobernantes.

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