Presidente del Poder Judicial afirma que en regiones cojeamos en lucha contra corrupción

Duberlí Apolinar Rodríguez Tíneo cumplió cuatro meses en el cargo de presidente del Poder Judicial y hace un recuento de su trabajo, así como de los problemas que le toca enfrentar para optimizar la administración de justicia en el Perú.

¿Qué problema enfrenta el Poder Judicial? El retraso y la lentitud procesal. Todo ciudadano tiene el derecho que los jueces le brinden justicia de manera oportuna. Justicia que tarda es injusticia a la postre que no se debe permitir, por más que uno gane el juicio después de 5 o 6 años. Eso es un calvario.

¿Qué le falta? Nos falta celeridad.

¿Pero quién tiene la culpa? Tiene muchos componentes. No es por la supuesta haraganería de la que se acusa injustamente a los jueces, pues la mayoría de ellos son muy sacrificados y responsables. No tienen horario de trabajo e incluso llevan expedientes a sus casas para seguir leyendo y revisando para una sentencia justa.

¿Entonces? Son los modelos procesales los que están obsoletos. En el tema penal tenemos una reforma procesal que está en Huaura desde el 2006, han pasado 11 años y no se culmina aún.

¿De quién depende eso? De la voluntad política de los gobiernos. Eso debió durar cinco años y terminar el 2011 y ya estamos en el 2017. Estamos con un código procesal penal de 1940, de más de 70 años, el cual no está acorde ni con la Constitución del 78 ni con la del 93. Pervive la figura del juez instructor, que investiga y sentencia en procesos sumarios. Necesitamos separar las funciones del juez y fiscal nítidamente.

¿No se da eso? Debería ser que el fiscal investiga y acusa, y el juez sentencia.

¿La lentitud de casos está en manos del fiscal o juez? Yo hablo del Poder Judicial, si queremos medir eso, tendríamos que empezar desde la Policía, de los atestados de la investigación y la lentitud también está por el lado de la Fiscalía para hacer su trabajo.

¿Algún ejemplo? Claro, tenemos el caso mediático y actual del expresidente Toledo. El fiscal pidió 18 meses de prisión preventiva y el juez le dio. De seguro le faltará tiempo y la investigación se ampliará a 36 meses. Podemos echarle la culpa a la Fiscalía, decir que son haraganes, pero la realidad es otra, les falta logística y personal.

¿Eso pasa con el caso Odebrecth? Sí, hay pocos fiscales para investigar un caso como ese. Un fiscal como Hamilton Castro debería tener a su mando a otros 50.

¿A ello se suma la falta de preparación? Sí, necesitamos fiscales que hagan pericias, seguimiento de la ruta de dinero en países de paraísos fiscales y gente especializada. Falta más especialistas en pericias contables, en temas de traducción de documentos. Aquí no se trata de echarle la culpa alegremente a otros, lo que pasa es que existe déficit de personal.

¿Por eso es la lentitud? En general el sistema de justicia peruano es lento porque tiene problemas como este. Aquí uno tiene que ser realista, por los dos lados: Fiscalía y Poder Judicial tienen problemas.

A acabar la reforma... Así es, se requiere terminar la reforma procesal penal en todo el Perú, en especial en Lima que está programada para julio del 2018.

¿Y cuánto cuesta eso? Voluntad política del gobierno y 1,500 millones de soles para acabar la reforma.

¿Hay esa voluntad? En la reunión del Acuerdo Nacional de Justicia hemos quedado con la ministra María Pérez Tello invitar a la próxima cita al ministro de Economía para que de fuente directa del fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, Academia Nacional de la Magistratura y Consejo Nacional de la Magistratura reciba las necesidades y que el gobierno cumpla con invertir en estas, tiene la obligación.

¿Y si no invierte? Entonces no hay seguridad jurídica, no hay inversión privada ni publica, esta última tan cuestionada. Necesitamos mejor administración de justicia contra la corrupción.

¿Hay jueces ya en ese tema? Sí, pero son apenas 14 los jueces que están en Lima viendo los casos de corrupción, pero necesitamos 32 jueces que estén en todo el Perú, especializados en delitos de corrupción.

¿Tenemos algún avance? Todos tenemos responsabilidad en el sistema de la lucha contra la corrupción, pero cojeamos en provincias. Debemos tener también una suerte de ramificaciones en todo el Perú, en especial en departamentos donde hay mayores niveles de corrupción, por ejemplo Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Áncash.

¿Corrupción que avanza en todas partes? Sí pues, estamos haciendo una suerte de mapa y de ahí donde vea mayor incidencia de denuncias y casos, entonces ahí vamos a poner un juez. Entonces la Fiscalía sí tiene fiscales anticorrupción en todo el país, pero nosotros no.

¿Quién ve esos casos en las regiones? Esto no significa que no estemos procesando estos casos, se trabaja con un juez penal en provincias y que a la vez recibe los casos de drogas, violación, homicidio y otros.

¿Faltan más jueces anticorrupción? Así es.

¿Acaso eso no pone en riesgo que algunos juicios de corrupción puedan caerse? Claro y a ello se suma que no tenemos todos los jueces titulares y ponemos a jueces supernumerarios, que son abogados que ejercen defensa libre y son llamados para ser jueces.

¿Todo un riesgo? Cierto, ellos no pasaron por el Consejo Nacional de la Magistratura, llegaron sin examen y no están calificados y muchas veces son blanco de las tentaciones de la corrupción. En Lima tenemos un equipo que encabeza la Dra. Susana Castañeda, pero también lo necesitamos en cada departamento y requerimos al menos 32 juzgados anticorrupción en el país.

¿Cuánto demanda eso? Es un promedio de 30 millones de soles. Si el Gobierno está comprometido en la lucha contra la corrupción tiene que apoyarnos en este tema.

En los últimos días hay mucha exposición de fiscales y jueces. ¿Qué opina de ello? Hace poco conversé con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y hemos intercambiado opiniones. No es buen mensaje a la ciudadanía que se pongan públicamente a enfrentarse fiscales y jueces. Los magistrados tienen que ser moderados y debemos de olvidarnos de fiscales y jueces vedetes, estrellas de película. Por naturaleza, los jueces son moderados, reservados, de perfil bajo y solo hablan con sus resoluciones y sentencias. Excepcionalmente cuando ya sean muy cuestionados o necesitan aclarar su resolución, ahí recién tienen que salir a explicar.

¿Se ha caído en un ping pon de opiniones? Existe el riesgo que se adelante opinión y los jueces tienen que ser cuidadosos, por más que les jale la tentación de ir a declarar, no deben exponerse de manera reiterada. Se ha caído en dimes y diretes, eso no es conveniente para el sistema de justicia.

¿La capacitación es importante en cada juez? Claro y por eso desde hace 20 años la Academia de la Magistratura realiza una permanente actualización de los magistrados al año. Y si falta otros conceptos se programan cursos más intensivos, como los de jueces que ven delitos en contra de la administración pública y no solo es en el Perú, algunos viajaron al extranjero Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos. Se ha dotado de las herramientas teóricas y jurisprudenciales dogmáticas a nuestros jueces.