Áncash: 12 meses más de cárcel para Álvarez por   “La Centralita”
Áncash: 12 meses más de cárcel para Álvarez por “La Centralita”

El Poder Judicial determinó que el plazo de prisión preventiva para el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, por el sonado caso “La Centralita”, sea adecuado y ampliado por 12 meses más.

La medida coercitiva contra Álvarez vencía el próximo viernes 26 de mayo, pero con la decisión judicial adoptada ayer, aún caducará el 25 de mayo de 2018.

El Ministerio Público se amparó en el Decreto Legislativo 1307 aprobado en diciembre del año pasado, el cual establece como plazo de ampliación una adecuación y ampliación de plazo por doce más para los casos de organizaciones criminales.

Hay que señalar que anteriormente, en noviembre de 2015, se amplío por 18 meses el plazo inicial de prisión preventiva que también fue por 18 meses. Es decir, con los doce meses adicionales últimos, Álvarez permanecerá recluido en total 48 meses de manera preventiva.

FUNDAMENTOS. Fue la jueza del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien dictó la medida de ampliación en una audiencia desarrollada en el interior del penal Piedras Gordas, donde Álvarez se encuentra recluido.

La diligencia judicial se desarrolló el mismo día en que Álvarez cumplía un año más de vida.

Entre sus fundamentos la jueza consideró que existían nuevas diligencias que deberían desarrollarse, así como también se ha incorporado a nuevos investigados y, por consiguiente, nuevas pistas que necesitan ser analizadas.

También se tomó en consideración que, inicialmente, Álvarez solo fue acusado del delito de asociación ilícita para delinquir, pero en el transcurso de las investigaciones se ampliaron delitos de peculado, colusión y lavado de activos.

De igual forma, opinó que se trata de un caso “altamente complejo” por la cantidad de investigados que hasta el momento suman 78, más tres personas jurídicas que también tienen esta condición. Debido a ello, anotó, el caso tendrá “una especial dificultad” en la etapa intermedia (control de acusación) y en la etapa de la actuación probatoria (juicio oral).

La juez sostuvo también que se cumplía el presupuesto de obstrucción a la labor de la justicia, por lo que tomó la decisión de ampliar la prisión preventiva.

Se debe precisar que el plazo de investigación preparatoria por el caso “La Centralita” vence en octubre de este año.

“ORGANIZACIÓN CRIMINAL”. Por parte del Ministerio Público, fue el fiscal Jesús Mejía Copacondori el encargado de sustentar el pedido de adecuación de la ampliación de plazo de prisión preventiva que ingresó el último viernes el fiscal Elmer Chirre ante el Poder Judicial.

El magistrado tuvo una participación de por lo menos 40 minutos, en los que remarcó que en el caso “La Centralita” se investiga a César Álvarez como el cabecilla de una presunta organización criminal que habría operado en Áncash desde el año 2007 hasta mayo de 2014, cuando se ordenó la detención de la gran mayoría de sus miembros.

Expuso lo que ya se había mencionado: que al ser esta una organización criminal, contaba con estructuras como un aparato central que estaría integrado por Luis Arroyo Rojas, Milagros Asián Barahona (esposa de Álvarez), Martín Belaunde Lossio y los excongresistas por Áncash Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo.

Dio cuenta también de la existencia de un aparato de prensa que habría sido dirigido por Belaunde Lossio.

El aparato de prensa habría funcionado, según el fiscal, bajo la fachada de la empresa Ilios Producciones, “que no ha llegado a justificar cómo compró equipos” y con qué fondos cubrió el pago de por lo menos 15 personas que laboraron allí.

El fiscal señaló que se habría pretendido hacer creer que la organización se solventaba con dinero de las polladas y cenas de gala que organizaban el Comité de Damas, pero testigos señalan que este comité “se manejaba con dinero de los diezmos”.

De igual forma, habló sobre la existencia de un aparato de fuerza que habría sido manejado por los exdirigentes de construcción civil Víctor López Padilla y Modesto Mondragón Becerra, entre otros.

Finalmente, sostuvo que el aparato político y legal habría sido accionado por los exparlamentarios Benítez y Crisólogo, así como también por el ahora prófugo Luis Arroyo Guevara, quien tiene en su haber una sentencia confirmada por enriquecimiento ilícito.

Con respecto a la ampliación de delito, indicó que en el caso del ilícito de peculado, este fue incluido debido a que la Fiscalía tiene la sospecha de que dos trabajadores de Ilios Producciones (que funcionaba en el mismo local de “La Centralita”), recibían “el pago a través de dinero estatal”, ya que se descubrió que figuraban en las planillas de personal del Proyecto Especial Chinecas.

En el caso del ilícito de lavado de activos, el fiscal subrayó que para el Ministerio Público, la presunta organización financió la adquisición de polos, artefactos en la campaña de relección de Álvarez y las elecciones congresales de 2011 con dinero de los diezmos de obras.

También dijo que existen testimonios de colaboradores que aseveran que el equipamiento del Canal 25 -donde se ensalzaba la imagen de Álvarez y se atacaba a sus opositores- “se realizó con dinero proveniente del cobro de diezmos”.

“Sobre el Canal 25 se debe hacer una atingencia, que los periodistas que trabajaban en Canal 25, se tiene información que habría sido pagados o recibido dádivas por parte de integrantes de la organización criminal”, expresó el fiscal.

Por otro lado, el magistrado habló sobre los “nuevos hechos” que han sido imputados a la presunta organización, luego de adoptada la medida de ampliación, así como la incorporación de investigados.

CUESTIONA. La defensa de Álvarez, representada por el abogado Roy Obregón Chávez, básicamente se dedicó a cuestionar el pedido en cuanto a la forma, ya que él sostenía que no se podía aplicar la adecuación con la ley que entró en vigencia el año pasado, ya que los hechos imputados ocurrieron en un período distinto.

Al principio de la audiencia también criticó el poco tiempo de notificación para la realización de la audiencia.

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