Áncash: Más de 4 millones de soles se dieron sin proceso de selección

Las indagaciones realizadas por los miembros de la Comisión del caso Áncash, en el Congreso de la República, durante más de un año, han dado luces de cómo se conducían los procesos de selección en el Gobierno Regional de Áncash (GRA) y entidades allegadas a esta, durante la gestión de César Álvarez Aguilar.

Según las conclusiones finales a las que llegó el grupo congresal, con respecto a información revisada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), fueron 21 los procesos de selección que se adjudicaron sin que se haya realizado la respectiva convocatoria pública mediante este sistema electrónico.

El informe señala que durante los años 2007 al 2014 - período que abarcan las dos gestiones de Álvarez - los procesos exonerados suponen un desembolso de 4, 670, 611. 83 soles. Es decir esta cantidad de dinero se otorgó a proveedores sin que haya existido un concurso público y sin los filtros de fiscalización establecidos en la administración pública.

TRABAJO. Para obtener información con respecto a este cuadernillo, los congresistas sí tuvieron dificultad, básicamente debido a que el GRA no cumplió con entregar toda la información solicitada en su momento con respecto a los procesos de selección.

El informe precisa, antes de las conclusiones, que la entidad regional no cumplió con remitir información con respecto al 43% de los casos por los cuales se les solicitó. En tanto, de un 52% de los procesos, remitió información incompleta y solo de un caso envió toda la información requerida.

No solo el GRA incumplió con remitir toda la información pertinente. En el caso del Seace solo se pudo tener a la mano información completa del 14% de los procesos, mientras que del 81% en los casos la información es parcial y de uno de estos no se remitió absolutamente nada.

Con estos datos, solo fue posible analizar 15 procesos de selección, se precisa en el informe, pero las conclusiones “son representativas del conjunto”, indican.

Lo que encontró la comisión tras cruzar información da cuenta de presuntas irregularidades en estas adjudicaciones. Tal es así que se ha concluido que “87% de las exoneraciones fue autorizada por una persona que no tenía facultad para aprobar la exoneración”.

Lo más delicado, es que el 87% también de estas exoneraciones “no presentan justificación de la necesidad de exonerar o no estaban debidamente argumentadas”.

Producto de estas medidas extrañas, en el 73% de exoneraciones se interpusieron observaciones en la legalidad de sus procedimientos. Estos recursos legales eran de 3 a 8 en cada proceso.

Con estos indicios, los parlamentarios señalan que podrían existir indicios que haría presumir direccionamientos en estos procesos.

“Por lo tanto se puede considerar que, en conjunto, las exoneraciones del Gobierno Regional de Áncash, durante el período 2007 - 2014, constituyeron procesos bastante irregulares, lo que hace presumir la existencia de indicios de favorecimiento”, se lee textualmente en el documento oficial de esta comisión.

ASPECTO LEGAL. Con esta información, la comisión Áncash, indica que ha encontrado presuntas responsabilidades penales hasta en 20 exfuncionarios que se desempeñaron en cargos claves dentro del GRA y demás instituciones.

Según un cuadro que se encuentra en la página 35 de las conclusiones finales, se resaltan nombres como el del expresidente regional encargado, Zenon Ayala López quien presuntamente habría incurrido en los delitos de peculado doloso, asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, delitos de incumplimiento de deberes y omosión de denuncias. A la exautoridad se le cuestiona en su condición de consejero delgado del Consejo Regional de Áncash.

Figura también el nombre del exdirector regional de Salud, Carlos Segovia Maldonado, a quien además de los delitos mencionados anteriormente, los congresistas le suman colusión ilegal y omisión de denuncia.

Las acusaciones que realizan los parlamentarios también se extienden hacia funcionarios de la jurisdicción de la provincia del Santa, como Brettner Enríquez Bazalar, ex director de la Red de Salud Pacífico Norte y Jorge Quiroz Cabrera, extitular de la Red de Salud Pacífico Sur. Para la comisión, ambos habrían incurrido en los presuntos delitos de peculado doloso, asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, delitos de incumplimiento de deberes, colusión ilegal y omisión de denuncias.

Dentro del cuadro se aprecia también el nombre del actual director ejecutivo del hospital La Caleta, Ricardo Aguirre Flores, a quien también sugieren investigar por dos “casos”, aunque no especifican cuáles.