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Áncash: Peritaje contable y de ingeniería civil evidencian irregularidades

Documentos de profesionales adscritos al Ministerio Público señalan que obra se ejecutó sin contar con disponibilidad presupuestaria. También advierten que se incrementó el valor inicial del expediente luego de observaciones de postores y se tramitaron varios documentos en una sola fecha

Áncash: Peritaje contable y de ingeniería civil evidencian irregularidades

Áncash: Peritaje contable y de ingeniería civil evidencian irregularidades

15 de Febrero del 2017 - 10:43 » Textos: Gonzalo Horna » Fotos: Correo

Las pericias contables y las de ingeneria civil, eran los último elementos que la Fiscalía requería para dar por concluida la investigación en torno a presuntas irregularidades en la ejecución de la millonaria obra de reconstrucción de la avenida José Pardo, financiada por el Gobierno Regional de Áncash (GRA), durante la gestión de César Álvarez Aguilar, hoy detenido en Piedras Gordas.

Las conclusiones de ambos documentos complican la situación de los investigados en esta carpeta. Muchas de estas coinciden con lo alertado por la Contraloría General de la República, la cual detectó un pago de más de 4 millones de soles por partidas innecesarias contempladas en el expediente técnica y otra pérdida por 75,500 soles en consultorías que no guardan relación con el proyecto.

PERITAJE CONTABLE. Este documento fue elaborado por la perito adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, Margarita Lavandera, tomándose como base documentos contenidos en la carpeta fiscal y en el Sistema de Integración Financiera (SIAF) de la Subregión Pacífico, así como información del mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MF) a través de su portal de Transparencia, correspondiente a los años 2010 hasta el 2013.

Aunque la obra estuvo presupuesta en su primer momento en 37 millones de soles, la Región en realidad llegó a desembolsar 42,127,938.69 soles entre la ejecución y consultoría de supervisión de la obra. La primera, estuvo a cargo del consorcio Pardo y el otro trabajo fue realizado por el consorcio Unión.

El Consorcio Pardo recibió como adelanto de su trabajo 7,800,00.00 soles y además ampliaciones por 3,328.515.11 soles, de acuerdo a un cuadro resumen presentado en el peritaje.

Pero tanto desembolso de dinero hecho por el Gobierno Regional de Áncash en esta obra, en realidad, no habría tenido disponibilidad presupuestaria. Así lo indica la segunda conclusión de este peritaje el cual señala que al 23 de junio de 2016, fecha de inicio de la convocatoria de la obra “no existía presupuesto asigndo”. Aunque luego se emitió un memorándum del 19 de agosto de ese mismo, indicando una disponibilidad presupuestaria de 5 millones de soles para ese período, el peritaje señala que esto “fue extemporáneo”.

La respuesta a las constantes paralizaciones que exisistieron durante la ejecución de la obra, quizá esté contenida en la tercera conclusión de este informe, el cual señala que “no existió presupuesto asegurado, por cuanto no contó con disponibilidad presupuestaria desde el inicio”.

Para poder realizar los pagos al consorcio Pardo, señala el peritaje, “se fueron habilitando el presupuesto al parecer de acuerdo a la necesidad, porque no exisitió previsión presupuestal”. Esto constituye una transgreción a la Ley 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Para el financiamiento de esta obra, se emplearon recursos de donaciones y transferencias, canon y sobrecanon, regalías y rentas de aduanas.

PERICIA DE INGENIERIA. Otro documento importante es la pericia de ingeniera elaborada por la ingeniera civil Sheila Legendre Salazar. Las 132 páginas de su informe son contundentes sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación y ejecución de la millonaria obra.

Antes de dar a conocer las conclusiones de su estudio, la perito puntualizó que tuvo como limitaciones la falta de acceso a algunos documentos tales como dos expedientes de adicionales y de ampliaciones de plazo, así como las actas de recepción y liquidación de obra y las resoluciones que aprueban justamente el proceso de liquidación.

Una de las conclusiones indica que el presupuesto inicial destinado para esta obra fue de 37 millones de soles, sin embargo luego con las observaciones hechas por los postores, el expediente fue modificado en base a estos planteamientos y el costo aumentó a 39 millones de soles. Ambos expedientes fueron aprobados cuando Luis Arroyo Rojas se desempeñaba como gerente de la Subregión Pacífico.

El peritaje pone en evidencia también una extraña celeridad en la aprobación de documentos administrativos para el proceso. Se indica que el mismo 23 de junio de 2010, se aprobaron el expediente de contratación y las bases administrativas, así como los informes previos que se necesitaban para el visto bueno de estos dos documentos anteriores.

Este informe comprueba que la obra no tenía disponibilidad presupuestaria para su ejecución y revela también que aunque en el resumen ejecutivo se señala que hay dos cotizaciones de empresas, lo cierto es que en el expediente no se hallaron los originales de estos documentos.

En el caso de la aprobación del expediente de contratación para la consultoría de supervisión de la obra, se indica que este documento carecía de firma, aún así cuenta con el sello de ingreso de mesa de partes de la institución.

También se revela la carencia de documentos importantes tales como el estudio de impacto ambiental, estudios topográficos, estudios de mecánica de suelos y estudio de tránsito.

Se señala el Consorcio Pardo, en realidad no debió adjudicarse la obra de más de 30 millones, debido a que su propuesta técnica alcanzó apenas 37.5 puntos, cuando las bases de la licitación exigían que el puntaje mínimo sea de 60.

“Por lo tanto, no se debió pasar a la etapa de evaluación económica y el postor consorcio Pardo, no debió ser acreedor de la buena pro”, señala el informe.

En la adjudicación del servicio de la supervisión de la obra, la perito ha detectado la misma irregularidad. Se indica que el consorcio Unión Consultores obtuvo una calificación de 71 puntos en su propuesta técnica cuando las bases requerían como mínimo 80.