Chimbote: El 31 de mayo, Sala de Apelaciones revelará si manda o no al penal a Cortez

Este 31 de mayo a las 4.30 de la tarde, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa revelará si envía o no al penal al alcalde de Chimbote Julio Cortez Rojas. El anuncio fue hecho ayer pasada las siete de la noche luego que el Colegiado escuchara los alegatos finales de todas las partes.

La audiencia de apelación a la condena de cuatro años de cárcel que pesa sobre el burgomaestre de la Municipalidad Provincial del Santa, sirvió para que tanto la parte acusatoria como la defensa de los sentenciados - en primera instancia - ratifiquen sus posturas.

Por parte del Ministerio Público, además de la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno Rivera, se hicieron presentes el fiscal adjunto superior, Freddy Gutiérrez Crespo y como interconsulta el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe así como la petito adscrita a la Fiscalía, Margarita Lavandera.

POSTURAS. La fiscal Nancy Moreno pidió a los vocales que componen la Sala de Apelaciones de la Corte del Santa, que confirmen la condena de cuatro años de cárcel para Julio Cortez y la prófuga Victoria Espinoza García, así como la pena suspendida de tres años para los funcionarios edilicios Gabriela Vargas Alcántara y Elmer Llontop Virhuez.

“El Ministerio Pública probará que los sentenciados Victoria Espinoza en su calidad de alcaldesa, Julio Cortez como gerente municipal y los funcionarios dieron un uso diferente a las partidas que estaban estrictamente estipuladas para agua y desagüe”, expuso la magistrada al inicio de la audiencia.

Continuando con sus alegatos de apertura, la fiscal expuso que en mérito a un convenio tripartito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sedachimbote y la Municipalidad Provincial del Santa, se transfirió un poco más de 19 millones a la comuna provincial (durante la primera gestión edilicia de Victoria Espinoza) para obras de agua y desagüe, “sin embargo estas partidas fueron anuladas y enviadas a otros fines distintos hasta por 2 millones 925 mil 567 soles”.

“El Ministerio Pública solicita que la sentencia condenatoria sea confirmada”, agregó.

Asimismo, Moreno consideró que Espinoza, Cortez y compañía fueron sometidos a “un debido juicio”.

A su turno, el abogado de Victoria Espinoza y Julio Cortez, Roger Reyes García, puntualizó que en el caso de la prófuga autoridad buscaba la nulidad de la condena, mientras que para Cortez, la revocatoria de la misma, es decir que sea absuelto.

El pedido del letrado lo sustentó en que “no se ha cometido el delito de malversación” y que además el fallo que dictó el juez David Aguilar tiene serias “inconsistencias” y que se vulneró el derecho al debido proceso.

También sostuvo la tesis de la afectación al servicio con el supuesto desvío de fondos de una partida a otra, nunca existió.

Augusto Cruz, abogado de los funcionarios edilicios, Gabriela Vargas y Elmer Llontop, expuso básicamente los mismos argumentos de su colega de la parte de defensa y pidió la absolución de ambos patrocinados.

Por su parte la Procuraduría Anticorrupción del Santa, representado por Richard Asmat Urcia, se ratificó en su pedido del pago de reparación civil de medio millón de soles de manera solidaria, entre todos los procesados.

El abogado del Estado pidió que la sala “corrobore” el fallo en primera instancia porque a su criterio se dañó la imagen de la institución, es decir de la comuna, porque los que habrían cometido el delito son altos funcionarios de esa entidad.

INTERROGADO. Una vez instalada la audiencia, se apersonó el alcalde Julio Cortez, tal y como lo había prometido días anteriores.

La autoridad fue sometida a un interrogatorio no solo de parte de sus abogados, sino también por los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría.

Como era de esperarse, las preguntas planteadas por la defensa permitieron al alcalde Cortez exponer lo que siempre ha argumentado en su defensa.

“No es correcto que exista un desvío definitivo de fondos porque todas las obras están concluidas. El Ministerio de Vivienda retrasó la transferencia de dinero, lo que nos obligó a utilizar recursos de infraestructura en obras de saneamiento. Luego que se concretó la transferencia se devolvieron (los fondos). Las modificaciones (presupuestarias) están permitidas. Esto fue un invento de quienes ingresaron a la gestión posteriormente, me refiero a los funcionarios del alcalde “Lucho” Arroyo”, dijo en su defensa.

También reveló que la medida de realizar las modificaciones presupuestarias fue adoptada al más alto nivel, es decir entre la alcaldesa de ese entonces, el gerente municipal y un grupo de regidores.

Pero indicó que esta decisión fue tomada porque la demora en la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda iba a originar molestias por zanjas abiertas.

Luego aseveró que el gerente municipal (cargo que desempeñaba en ese entonces) “no tiene participación en las modificaciones presupuestarias”.

Sin embargo, con el interrogatorio que hizo Nancy Moreno, Cortez admitió que sí visó las resoluciones de alcaldía que modificaron los presupuestos.

Una a una, la fiscal Moreno fue sacando las resoluciones que contaban con la rúbrica del entonces gerente edilicio. Estos documentos a los que hizo mención la magistrada están referidas a obras como mejoramiento de servicios educativos, complejos deportivos y hasta trabajos en el Vivero Municipal, que a criterio de la Fiscalía no tenían porque ejecutarse con fondos destinados a agua y desagüe.

“Los 2 millones 925 mil 567 soles, se transfirieron a obras en donde jamás se prestó dinero”, afirmó Moreno.

Justamente este fue el punto en controversia de la apelación. Si bien es cierto las transferencias que recibió la comuna suman 19 millones soles, se precisa que hay más de 2 millones de soles que habrían sido malversados al destinarlos para obras de donde jamás prestaron dinero.

La perito Margarita Lavandera puntualizó, a su turno, que si bien es cierto se pueden realizar modificaciones presupuestarias, según la Ley General de Presupuesto, sin embargo al no ser recursos ordinarios, sino transferidos por un ministerio del Estado el uso de estos fondos tiene un carácter estricto.

La defensa de los imputados sostiene que esta apreciación la perito es “errada” y remarcó que las modificaciones hechas sí se encuentran dentro de ley y que realizando estas transferencia para nada se afectó la función encomendada.

En sus alegatos de clausura, el abogado Roger Reyes, defensa de Espinoza y Cortez, señaló que a criterio del juez de primera instancia, los 2 millones de soles debieron ser revertidos al Ministerio de Vivienda, sin embargo la gestión no consideró lo mismo y por ello adoptó la medida de invertirlo en las obras antes mencionadas.

La audiencia por la mañana se extendió hasta por más de 4 horas. Luego la Sala suspendió la diligencia hasta las 5 de la tarde, porque los vocales tenían que acudir a una audiencia de lectura de sentencia en el penal de Cambio Puente.