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Durante esta semana por primera vez la Policía dio luces del posible paradero de la suspendida alcaldesa provincial del Santa,  García.

Fue el jefe de la región policial de Áncash, general PNP Juan Gálvez Escalante, quien reveló que las labores de inteligencia policial dan cuenta de que Victoria Espinoza habría fugado a Lima. Las sospechas de la Policía son tales que incluso se ha enviado un equipo especial hasta la capital para dar con el paradero de la exautoridad municipal.

El alto mando policial ofreció este detalle sobre el trabajo de búsqueda, luego de que Correo recordara en un informe los 60 días que cumplió Victoria Espinoza eludiendo la acción de la justicia y no cumpliendo con los siete años de cárcel que determinó para ella el Poder Judicial por el delito de enriquecimiento ilícito.

SACA CHISPAS. Mientras tanto en la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), los ánimos están cada vez más caldeados entre el alcalde provisional Julio Cortez Rojas y los regidores de oposición.

Esta semana los regidores Santos Paredes, Norma Alencastre y Javier Rodríguez denunciaron obstáculos a su labor de fiscalización, luego que intetarán inspeccionar los trabajos que ejecuta la comuna en el Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez y no les permitieran el ingreso.

El alcalde acusó a los concejales de querer “figurar” y que en realidad no tenían un afán fiscalizador.

La respuesta de los municipes no se hizo esperar e ingresaron una denuncia a la Procuraduría Anticorrupción pidiendo que se investigue la ejecución de la obra del estadio, debido a que la empresa seleccionada para este servicio habría iniciado labores sin que firmara el contrato con la comuna. El regidor Paredes mostró fotografías de los supuestos trabajos para sustentar su acusación.

Otro golpe contra Cortez se viene gestando en los regidores quienes evalúan solicitar su suspensión por supuestas infracciones al reglamento del Concejo Municipal.

TANTAS VECES WALDO. En la Región, los escándalos no han sido ajenos. La Defensoría del Pueblo ha iniciado una intervención de oficio contra el gobernador Waldo Ríos por presunto proselitismo político y en el cual además se habrían utilizado recursos públicos, según sospecha la comisionada de la Defensoría del Pueblo.

Ríos habría vulnerado la ley electoral.

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