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Lo ideal es que las instituciones educativas cuenten con una infraestructura idónea que ofrezca seguridad, que permita el despliegue del educando y que lo incentive a seguir aprendiendo. Desafortunadamente en la región Áncash, al menos 43 colegios no reúnen estas condiciones para recibir a los alumnos y las autoridades poco han hecho para cambiar esta realidad.

Es más parece que no quisiera hacerlo. Sucede que Correo descubrió que el jueves 26 de febrero, el departamento de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa, tuvo que suspender una diligencia para inspeccionar el estado de los colegios porque los representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel)-Santa y la Defensoría del Pueblo, no asistieron a la cita.

LARGA ESPERA. El fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, Julio Rivera Jácobe, y los técnicos de Defensa Civil, quienes estuvieron presentes esperando al resto de la comitiva en el interior de la comuna provincial, levantaron un acta en la que explican el porqué quedó suspendida la diligencia, pese a que esta era de suma importancia, ya que faltan pocos días para iniciar las actividades lectivas.

EXCUSAS. Correo intentó obtener la versión del director de la Ugel-Santa, Julio Vargas Sánchez, pero no obtuvimos respuesta positiva, pese a que insistimos en comunicarnos con él hasta el cierre de esta edición.

Quien sí declaró fue la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Roslin Villanueva Ramírez, quien explicó que no pudo enviar a ningún representante a esa diligencia, toda vez que ese día se encontraba en Casma, realizando una inspección sobre matrículas en los centros educativos.

“Otro punto es que la citación la hicieron a destiempo y no pudimos ir; pero lo que no entiendo es por qué no fueron si los técnicos son ellos, no nosotros”, se preguntó Roslin Villanueva.

NO RESPONDEN. La comisionada de la Defensoría del Pueblo, reveló además que en reiteradas oportunidades le ha solicitado al director de la Ugel-Santa, Julio Vargas un informe detallado de la situación de las instituciones educativas y cuáles de ellas se le debe dar prioridad para su refacción, pero no hay respuesta sobre ello.

CON CUIDADO. No obstante, previo a esta última diligencia de inspección a los colegios que quedó suspendida, el secretario técnico de Defensa Civil de la provincia del Santa, Juan Kam Bernuy, lideró varias visitas a las instituciones educativas y lo encontrado fue más que preocupante.

En efecto, se ha descubierto que al menos seis centros educativos, cuatro de ellos, jardín de niños, presentan un avanzado deterioro en sus techos a tal punto que en cualquier momento pueden colapsar. “Uno de esos jardines está situado en el pueblo joven Dos de Junio, donde tres aulas tiene un techo de canalones que pueden caer. El sistema eléctrico también está deteriorado y significa un riesgo para los pequeños”, indicó Kam Bernuy.

“Se ha recomendado el cambio de los techos con material liviano”, agregó Kam.

MÁS RIESGOS. Defensa Civil ha visitado colegios en los pueblos jóvenes Alto Perú, Dos de Junio y San Francisco de Asís y confirmó que ninguno cuenta con un plan de contingencia ante cualquier incidente que ponga n riesgo la integridad de un alumno.

Se ha descubierto que los vidrios de las ventanas son simples, es decir que ante cualquier movimiento telúrico o simple golpe se quebrarán y las esquirlas pueden dañar a los niños. Las cajas de paso de la energía eléctrica están abiertas y los pocos extintores con los que cuentan están inservibles.

NO HAY TIEMPO. Hasta ahora se desconoce si se ha reprogramado una nueva fecha para la inspección a los colegios, pese a que las actividades lectivas en centros educativos nacionales inician el próximo nueve de marzo.

A estos problemas tiene que sumarse que otros 13 colegios están en pésimas condiciones de infraestructura para recibir a los alumnos, por lo que miles de ellos estudiarán hacinados, en aulas de palos y esteras. Los más suertudos lo harán en aulas prefabricadas.

El motivo de esta situación es que las obras para remodelarlas, quedaron paralizadas porque en la gestión del hoy preso César Álvarez, no se pagó a las empresas constructoras.