La Comisión Áncash echa a 20 fiscales por vínculos con red

Para los miembros de la comisión del Congreso que investigó la corrupción en Áncash, no existen dudas que la telaraña de la presunta red de corrupción que habría liderado el expresidente regional, César Álvarez Aguilar, también se tejió en el Ministerio Público.

En su informe aprobado, por ahora nivel interno, se concluye que un grupo de por lo menos 16 fiscales del Santa, tienen responsabilidad penal por no conducir adecuadamente las investigaciones relacionados a miembros de esta pregunta organización, en muchos casos.

Así lo señala en sus conclusiones, el informe aprobado, al que Correo tuvo acceso.

LA LISTA NEGRA. En la página 51 del cuadernillo referido al Ministerio Público, los congresistas indican que la actuación funcional de estos magistrados “tiene una connotación penal por incumplimiento de deberes funcionales y prevaricato”.

Los nombres que se precisan en el documento son los de Augusto Chiy Arias y Magno Amasifuén Choquehuanca, designaciones muy cuestionadas en su momento. Incluso Chiy Arias, fue desaprobado en el referéndum que realizó el Colegio de Abogados del Santa (CAS) en el 2012, luego renunció. Asimismo, Correo también denunció que el magistrado se desplazaba en la camioneta de un empresario.

Integran también esta lista Bertha Medián Lengua y los fiscales anticorrupción Javier Saravia Roldán y Risel Chicle Flores; quienes archivaron la investigación contra el exalcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, por el presunto cobro irregular a transportistas por exonerarlos de las revisiones técnicas. El caso actualmente está en etapa de control de acusación punto de pasar a juicio oral, mientras que en febrero de este año, se dispuso que los fiscales sean investigados por Control Interno.

El exfiscal coordinador anticorrupción, Pedro Reyes Calderón y Romel Paz Sánchez, quien condujo las investigaciones del primer atentado contra Ezequiel Nolasco, también se encuentran en este grupo.

Martín Garay Mercado, archivó en dos oportunidades el caso “La Centralita”, durante su desempeño como fiscal coordinador anticorrupción su labor fue muy cuestionada por la sociedad civil. Él también está considerado en la lista junto con Wilson Andrade Bazán, quien dirigió las pesquisas en torno al asesinato de Hilda Saldarriaga “la mama” y testigo clave del atentado a Nolasco en el 2010.

La lista la completan los magistrados Jorge Ricser Flores, Jorge Polo Milla, César Arroyo Gucovsky, Yrama Giraldo Palcios, Ronald Chafloque Chávez y Augusto Cruz Rossel, este último ahora se desempeña como abogado de Wuilmer Agapito Vásquez, expareja de la alcaldesa Victoria Espinoza García, en el juicio por presunto enriquecimiento ilícito.

La comisión recomienda que además de que se actúe a nivel penal contra estas personas, el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones y que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) conozca todo lo actuado.

CORAZÓN AMARILLO. Pero estos no son los únicos fiscales que la comisión Áncash ha puesto en la mira.

Dentro de su investigación, señala el informe, se pudo comprobar que cuatro de ellos tenían “militancia activa dentro del movimiento regional ‘Cuenta Conmigo’ liderado por el investigado César Álvarez”, pese a que el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público “prohibe la participación de fiscales en organizaciones políticas”.

Según el documento, estos son Silvia Bonifacio Rosas, Augusto Huaroma Vásquez, Manuel Chávez Ayala y Elmer Llanto Solís.

La comisión destaca que todos ellos eran fiscales provisionales y que se produjeron durante la gestión del exfiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

HAY MÁS. Otra de las cosas observadas por la comisión Áncash, es la aceptación en el cargo de jefaturas en las Oficinas Desconcertadas de Control Interno de fiscales provisionales , lo cual contraviene la ley.

Asimismo, indican que la presencia de estos fiscales provisionales en estas oficinas contribuyó a la “inefeciencia” en cuanto a denuncias a fiscales en los distritos judiciales de Áncash (Huaraz) y El Santa.

Con respecto al alto índice de fiscales en condición de provisionales, la comisión anota que “el archivamiento de denuncias contra el expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar y personas vinculadas a él, por presuntos delitos contra la administración pública en sus diversas modalidades en agravio del Estado fueron decididas en su mayoría” por estos.

Es por ello que como recomendación, al final, sugieren que se declare el proceso de reorganización y evaluación funcional de fiscales y del personal administrativo de los distritos fiscales del Santa y de Áncash, así como también se apruebe el reglamento de designaciones, desplazamientos y promoción de fiscales “para evitar la vulnerabilidad del cargo provisional en los despachos fiscales”.

Con respecto a los jefes de Control Interno en El Santa y Huaraz, se pide que sea la Junta de Fiscales Supremos quien designe a profesionales titulares.

EN LAS CABEZAS. Y es que justamente en la sospechosa designación de un gran número de fiscales provisionales, también se alcanza responsabilidades al exfiscal de la Nación, Javier Peláez Bardales y al ahora detenido exfiscal superior, Dante Farro Murillo.

También recuerdan su participación en la decisión de despedir a los fiscales que allanaron “La Centralita”, lo cual incluso, señalan, tendría un alcance penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

En tanto, la “ineficiencia” que encontraron en la labor de Control Interno, también compromete al entonces fiscal supremo de ese despacho, Carlos Ramos Heredia, a quien también lo acusan de actuar “arbitrariamente” al haber sancionado e incluso multado a un grupo de fiscales que investigaba algún hecho que tenía relación con César Álvarez.

La actuación de Ramos y Peláez debe ser revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, para el antejuicio respectivo, recomiendan