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Mininter pide medio millón como reparación por caso Samanco

En tanto, defensa de los familiares del asesinado alcalde Ariza plantea pago de S/ 260 mil y por Aldea se pide S/ 128 mil
Mininter pide medio millón como reparación por caso Samanco

Mininter pide medio millón como reparación por caso Samanco

08 de Septiembre del 2017 - 09:02 » Textos: Gonzalo Horna » Fotos: Correo

La defensa de los deudos del asesinado alcalde del distrito de Samanco, Francisco Ariza Espinoza, ha planteado que los 16 acusados de estar involucrados en este crimen paguen una reparación civil de 260 mil soles.

El abogado de la familia Ariza, Carlos Fernández Beltrán, oralizó ayer ante el titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, Roma Cruz Avilés, su pretensión económica, durante la audiencia de control de la acusación de este sonado caso.

Detalló que 160 mil soles han sido considerados como lucro cesante y daño emergente, en tanto, los otros 100 mil soles abarcan lo que es el daño material y moral.

La propuesta de reparación civil fue observada por las defensas de los investigados Jaime Casana Escobedo, Fanny Malqui Huamán y Ayrthon Casahuamán, quienes consideraron que el monto era “excesivo” y además de que no se había comprobado la participación directa de sus patrocinados.

De igual forma, se puntualizó que en el caso de los deudos del abogado Henry Aldea Correa, la pretensión de reparación civil ha sido cuantificada en 128 mil soles.

Pero estos no son los únicos montos que deberán pagar los investigados del caso Samanco, en caso la justicia los halle responsables. La Procuraduría de Orden Público del Ministerio del Interior (Mininter) ha fijado como reparación civil el pago de 500 mil soles.

El monto de dinero que ha solicitado el Mininter es un pago a favor del Estado únicamente por el delito de asociación ilícita para delinquir que se les imputa a los acusados.

“Hay que distinguir dos cosas: una es la acusación por el crimen como tal, cuyos montos de reparación civil han sido fijados, en el caso del señor Ariza, por nosotros como defensa y otra es la pretensión que solicita el Ministerio del Interior, por el delito de asociación ilícita para delinquir”, explicó el abogado Carlos Fernández al término de la audiencia de ayer.

El letrado aseveró que en caso se llegue a una condena contra los investigados, se aplicará la sumatoria de todos los montos de reparación solicitados.

Además, remarcó que en esta etapa, ya sea él como defensa o la misma Procuraduría de Orden Público, pueden plantear peticiones de embargos preventivos para asegurar el pago de la reparación civil, ante una futura condena.

“En el etapa de juicio oral ya se determinará si es que es acogida mi petición y también se deberán responder a los cuestionamientos hechos por las defensas de los investigados, que en este caso han sido tres”, mencionó Fernández Beltrán.

ACUSACIÓN. En la audiencia de ayer, el titular de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, Edwin Cipriano Lozano, se ratificó en que el crimen de Francisco Ariza y de su asesor legal, Henry Aldea Correa, fue planificado y ejecutado por los móviles de “lucro” y “venganza”.

Durante casi tres horas de oralización, el representante del Ministerio Público realizó un resumen de su extenso escrito de acusación en contra de Jaime Casana y los otros 15 investigados.

Así, el fiscal Cipriano confirmó su pedido de cadena perpetua contra Carlos Bazán Castro, Marcos Vásquez Julca, alias “Chileno”; Miguel Solsol Contreras, Luis Matienzo Fernández y Ayrton Casahuamán Castañeda.

En tanto, para Jaime Casana Escobedo, pidió 25 años de cárcel mientras que para sus regidores Fanny Malqui Huamán, Carlos Bedón Pérez, Noemí Rubina Moreno, Fanny Medina La Rosa y Jhonatan Solís Haro, ha planteado la sanción de 33 años de prisión.

Respecto a los supuestos autores materiales del doble crimen, la Fiscalía acusa a Brandón Malo Rosario y pide 25 años de cárcel; para Renzo Pérez Ángeles 23 años y 4 meses, y para Wilmer Tanaqui Oroya 22 años de prisión.

El Ministerio Público ha presentado cargos contra estas personas por el delito de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.

En la etapa de investigación preparatoria el Ministerio Público también incluyó al abogado Juan Bazán Cribillero, como “el brazo legal” de la supuesta organización que acabó con la vida de Ariza y de Aldea Correa. Al letrado se le imputa únicamente el delito de asociación ilícita para delinquir y solicitan una pena de 10 años y 4 meses de cárcel.

Tras la exposición del fiscal Cipriano, el juez Roma Cruz postergó la diligencia para que continúe el próximo 2 de octubre.