¿No deja factura? Historia de las coimas en Áncash

Normalmente cuando hablamos de corrupción se nos dice que no deja factura y claro siempre es así. Bueno, casi siempre.

A propósito de la revelación hecha por el obispo de Chimbote, Ángel Simón Piorno, de que un empresario le confesó que en la obra de mejoramiento de la avenida Pardo “negoció” una coima de 4 millones de soles. Nada menos.

Así recordemos los sobornos que hicieron noticia en los tres últimos años, que dejaron al descubierto que en la administración púbica hay mucho por hacer en labores de control, pero también en saber seleccionar a las personas idóneas para manejar los fondos públicos y no a delincuentes.

CASO LA CENTRALITA. Luego de la caída del gobierno corrupto de Alberto Fujimori, en cuanto a gobiernos subnacionales, el caso La Centralita es el más grande, tanto por el nivel de organización (el alcance de sus “tentáculos” a todo el sistema de justicia) y también por la cantidad de dinero que se manejó.

Recordemos que este caso tiene el nombre de La Centralita por el local, donde según la fiscalía, se movían los “diezmos” de los empresarios que servía para pagar a sus trabajadores, periodistas, jueces y fiscales.

Dentro de la investigación, uno de los colaboradores eficaces que ha sido clave para entender el manejo de las coimas ha sido el N° 11.

En la transcripción de la declaración fiscal del “11” se lee que un tal Rodríguez Altamirano (abogado de Luis Arroyo, encarcelado ex alcalde del Santa) sacó S/.3,000 para entregárselos a Luis Alberto Cortez León (gerente del canal 25 de Chimbote) “y este pudo ver dos sobres de manila, uno que tenía dinero en soles y otro en dólares…”.

“Cortez León le dijo que si solo eso era el ‘cariño’ del doctor y Rodriguez Altamirano le dice que hay más, pero que eso depende de cómo iba comportándose Luis Alberto Cortez León con el doctor, el alcalde Luis Arroyo Rojas”, relata el colaborador.

Rodríguez Altamirano comentó -según el testigo- “que ese dinero era para pagar a las cabezas de la alta magistratura del poder y habló de pagar una comisión al Congreso, al procurador (anticorrupción Christian) Salas y a un abogado del estudio jurídico La Barra”.

Según el testigo, la finalidad era pagar a las altas esferas “para volar la cabeza al fiscal Marco Huamán (a cargo de la investigación de ‘La Centralita’) y a su equipo de fiscales que investigan el caso”.

MANOS EN LA MASA. En mayo de este año, el alcalde del distrito de Aczo provincia de Antonio Raimondi, Simeón Mallqui Vela, hizo noticia.

¿Inauguró alguna obra vital para el desarrollo de su pueblo? No, lo atraparon recibiendo una coima.

En una operación dirigida por la Cuarta Fiscalía Anticorrupción de Huaraz, Mallqui fue intervenido saliendo de la vivienda donde había recibido el dinero de parte una empresaria para favorecerla con la adjudicación de una obra. Previamente el dinero entregado había sido por un reactivo que quedó adherido en la mano del receptor.

Días después, un juez ordenó ocho meses de prisión contra Mallqui. Lo había perdido todo por una coima de 2 mil soles.

EN INVESTIGACIÓN. En junio, Correo reveló cómo uno de los funcionarios más respetados de la Municipalidad Provincial del Santa, Juan Cam Bernuy, perdió su trabajo, porque había indicios que al menos aceptó una coima vía telefónica, por parte de un empresario del rubro de las discotecas, quien grabó la conversación.

“Ingeniero buenas noches, rapidito y simple: Juan (Bojórquez, subordinado de Cam) me ha dado una cuentita para ir a depositarle el tema. Entonces, ¿confirmado el canje de los certificados (de Defensa Civil) por el monto que voy a depositar?”, le pregunta el dueño del local.

La alcaldesa Victoria Espinoza en cuestión de horas firmó la resolución en la que concluyeron la designación de Cam.

EL FISCAL COIMERO. El fiscal de Corongo Romel Márquez Galarza, tenía todo lo quisiera un profesional: un buen cargo y un buen sueldo. Pero no, él quería más.

El 13 de abril, la fiscal María del Carmen Malarín y la Policía Anticorrupción lo detuvieron en un chifa instantes después que había recibido S/.1,000 para “arreglar” una denuncia de enero último, sobre el incendio de un vehículo de la empresa Veloz que trasladaba ilegalmente artefactos pirotécnicos, en el que murieron cuatro personas.

EL ESPAÑOL. Las coimas casi siempre se conocen de aquellos corruptores que no encuentran la retribución. Eso pasó en marzo de 2012, cuando el ciudadano español Oscar Guada Verde quien aseguró haberle entregado al mismo César Álvarez 100 mil dólares en situación de “adelanto” a cambio de ganar licitaciones de obras del Gobierno Regional de Áncash.

El accionista mayoritario de la empresa Royal Urbe del Perú S.A.C. denunció penalmente el hecho ante la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima contra Álvarez e incluyó a a los abogados Jair Ely Díaz Guevara y Carlos Alberto Julcamoro Rojo.

En la denuncia se detalla que el empresario, representado por José Luis Cabrera Caycho, firmó el 31 de diciembre del 2008 un “contrato de mandato de gestión de negocios” con Díaz Guevara y Julcamoro Rojo, “en representación y por órdenes expresas de Álvarez Aguilar”.

Según la denuncia, Álvarez Aguilar, Díaz Guevara y Julcamoro Rojo se desatendieron del “contrato” a pesar de que Guada Verde les mandó cartas notariales pidiéndoles explicaciones.