Piden S/ 20 mil a Luis Arroyo por botadero de Coishco
Piden S/ 20 mil a Luis Arroyo por botadero de Coishco

Lejos del poder,  Rojas sigue cosechando denuncias por parte de la Fiscalía, con relación a su gestión al frente de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS).

Esta vez el “golpe” no está referido a presuntos actos de corrupción. Es la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal del Santa la que, mediante un requerimiento mixto, ha acusado a Arroyo de ser “autor” del delito de contaminación del ambiente.

La fiscal Carla Ramos Heredia precisa en su escrito que la acusación contra Arroyo se enmarca “dentro del verbo rector el que provoque”. Es por ello que ha solicitado la pena de tres años suspendida en su ejecución al período de dos sujeta a reglas de conducta para el exalcalde provincial.

Asimismo, exige que la exautoridad edilicia pague una repación civil de veinte mil soles a favor del Estado.

Esta nueva acusación contra Arroyo Rojas, se desprende de la investigación que realizó el Ministerio Público contra él y funcionarios por no cumplir con erradicar el botadero informal de basura, situado en la entrada del distrito de Coishco.

Es preciso señalar que en su momento esta investigación fue archivada, sin embargo mediante un recurso de queja interpuesto ante la Oficina de Control Interno del Ministerio, se ordenó que el caso sea nuevamente investigado.

LIBRADAS. La Fiscalía investigada a Arroyo y la exgerente municipal Roxana Palacios Alí, así como a Lourdes Sandoval Rojas, quien se desempeñó como gerente de Medio Ambiente, casi al término de la pasada gestión.

Sin embargo, en su escrito presentado ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la magistrada Susana Quispe, requiere el sobreseimiento (archivo) para Palacios Alí y Sandoval Rojas.

El delito inicial imputado para los tres era el de contanimación del ambiente e incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos.

Aunque la investigación ya había sobrepasado los plazos estipulados, el juzgado de Susana Quispe, de oficio, dispuso que se realize una investigación suplementaria por 120 días más.

Producto de esa pesquisa, la Fiscalía de Medio Ambiente, se concluye que en el caso de Roxana Palacios, no se configura delito alguno en el cargo que desempeñó porque no se desempeñaba como gerente edilica cuando se otorgó un plazo de ocho meses a la comuna para que cumpla con levantar una serie de observaciones que hizo la Fiscalía al botadero de Coishco.

En tanto, en cuanto a Lourdes Sandoval, la Fiscalía indica que el cargo que desempeñaba en la comuna es “subordinado del alcalde”, por lo que menciona que debió ser el burgomaestre “disponer el lugar donde se debía realizar la adecuada disposición fiscal de los residuos sólidos”, mediante una resolución municipal, que según las investigaciones no ha sido encontrada.

ACUSADO. En su investigación, la Fiscalía ha solicitado el archivo para Arroyo Rojas en el extremo del delito de incumplimiento a las normas relativas al manejo de residuos sólidos, pero sí lo acusa del delito de contaminación del medio ambiente.

El Ministerio Público da cuenta en su escrito que en base a el informe 107-2013 de la Dirección Regional de Salud de Áncash (Diresa) se le otorgó un plazo de ocho meses para que la comuna provincial levante las observaciones hechas por esta entidad de salud respecto al botadero. Esta exhortación fue recepcionada por la comuna el 9 de agosto de 2013.

Luego, el 26 de noviembre de ese mismo año, la Dirección Desconcertada de Cultura de Áncas, remite un informe respecto a una constatación en la zona que efectuó el 13 de noviembre en el cual advierte “que existirían canales de irrigación y zonas agrícolas prehispánicas” en ese lugar. Este hecho fue comunicado a la Fiscalía de Prevención del Delito.

El plazo otorgado a la comuna venció el 9 de abril de 2014. Para ese día se programó una inspección en la que participaron autoridades municipales, Defensoría del Pueblo y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Los resultados de dicha diligencia, son obvios, los residuos seguían arrojándosen esa zona (este problema aún continúa).

“(...) de acuerdo a la evaluación y análisis de los hechos y el marco legal de acuerdo a la normatividad vigente, la diposición final de los residuos sólidos municipales de la provincia del Santa, es un botadero informal e ilegal y a la fecha el botadero informal de la Municipalidad Provincial del Santa, pone en riesgo la salud pública y efecto negativo al medio ambiente”, resalta la Fiscalía y luego añade que “la salud pública está en riesgo así como la biodiversidad”.

Por esas razones, señala, se deben realizar las acusaciones correspondientes, en este caso contra el ahora exalcalde.

La fiscal, afirma en el documento que Arroyo Rojas, “pese a estar debidamente notificado no ha realizado los descargos correspondientes de los hechos materia de investigación” y asimismo asevera que se agotaron todos los medios para obtener sus declaraciones, pero no las consiguieron.

En resumen, la Fiscalía le imputa a Arroyo que “en su calidad de alcalde provincial del Santa, pese a ponerle en conocimiento el plazo otorgado para el levantamiento de las observaciones ha continuado disponiendo los residuos sólidos domiciliarios en la zona denomoniada botadero municipal, ubicado a la altura del túnel de Coishco, sin tener un manejo controlado de dicho botadero y sin contar con la autorización correspondiente y visto bueno de la autoridad ambiental competente, es decir la Dirección Regional de Salud, siendo este un botadero ilegal que atenta contra el ambiente y sus componentes, la salud y calidad ambiental al haber provocado con su actuar descargas y vertimientos de residuos sólidos, emisiones de gases tóxicos que pueden causar graves daños al ambiente y sus componentes”.

Menciona que si bien es cierto Arroyo, en su condición de alcalde, no ordenó que esta zona sea utilizada como botadero, pero considera que luego de tomar conocimiento de este uso debió accionar.

Y aunque también subraya que este lugar viene siendo usado como botadero desde gestiones anteriores a la de Arroyo, el acusado en su actuación como alcalde “no ha remediado, ni controlado, ni mejorado el botadero tal como se le ordenó”.

PENDIENTE. Además de la pena suspendida solicita para Arroyo y el monto de la reparación civil, la Fiscalía indica que el juzgado deberá ordenar el cierre del botadero municipal, ubicado en la Panamericana Norte y se proceda a la recuperación de dicha zona. Esta tarea deberá ser ejecutada por la Municipalidad Provincial del Santa.

El requerimiento de acusación mixto ha sido notificado a las partes procesales para que interpogan los recursos legales que creen pertinentes.

La acusación contra Arroyo deberá ser oralizada en una audiencia que deberá programar el juzgado de investigación preparatoria.

TAGS RELACIONADOS