Victoria Espinoza y Cortez usan estrategia para que abogado de oficio no los defienda

Luego de reiteradas postergaciones, ayer finalmente se inició el juicio oral por el sonado caso de los “semáforos inteligentes”, en el cual son procesados la alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Victoria Espinoza García; el primer regidor Julio Cortez Rojas; y otras cuatro personas. Según la tesis de la Fiscalía, ellos son responsables del delito de colusión por lo cual se pide una condena de hasta cuatro años y 10 meses de prisión efectiva.

REO CONTUMAZ. La referida audiencia inició ayer a las 10:00 a.m. en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, a cargo del juez Efer Díaz Uriarte.

Estuvieron presentes Victoria Espinoza y Julio Cortez, además de los procesados Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez y Aquior Mendoza Mendoza.

Por su parte, el empresario Emilio Rivas Gay había solicitado previamente participar de la audiencia mediante videoconferencia, desde Lima; sin embargo, a la hora acordada no estuvo presente. Por esta razón, el juez decidió emitir una resolución en la que consideró como reo contumaz a este último acusado y pidió a la Policía que inicie su búsqueda. Este hecho, señaló el magistrado, no impedía el desarrollo del juicio.

DENIEGAN PRÓRROGA. El abogado Augusto Cruz Rosell -quien hasta ese momento defendía a los procesados Flores, Menacho y Mendoza- solicitó al juez que la audiencia se postergue otra vez debido a que todavía la Sala Penal de Apelaciones no se había pronunciado sobre el pedido del abogado Roger Reyes García de seguir defendiendo a Espinoza y Cortez.

Como se recuerda, en anteriores sesiones, el magistrado Efer Díaz determinó que este último abogado ya no podía seguir asumiendo la defensa técnica de la alcaldesa y el regidor debido a que, según su análisis, habría tenido la intención de dilatar el proceso al no acudir a una diligencia previa aduciendo que se encontraba con descanso médico.

El abogado Cruz Rosell indicó que la Sala Penal de Apelaciones fijó fecha de audiencia para el 16 de enero del próximo año para que se revise la solicitud presentada por Reyes García, por lo que consideró que el juicio no podía iniciar si es que todavía no había una respuesta del colegiado.

No obstante, el juez Efer Díaz denegó el pedido planteado por Cruz Rosell argumentando que previamente ya se había determinado que el defensor público, Fredy Quiroz Rodríguez (presente en la audiencia de ayer), asumiría la defensa técnica de Espinoza y Cortez. Asimismo, añadió que lo que decida la Sala de Apelaciones no tendría tampoco por qué afectar el desarrollo del juicio.

Tras este frustrado intento de volver a postergar el inicio del juicio oral, los abogados Cruz y Reyes se reunieron brevemente con los cinco procesados y decidieron intercambiar roles. Es decir, Augusto Cruz pasó a asumir la defensa técnica de la alcaldesa y el primer regidor, en tanto que Roger Reyes -a fin de no ser sacado del caso- fue designado como defensor de los otros tres acusados.

El juez aceptó el cambio planteado por los dos letrados, por lo que el defensor público tuvo que retirarse de la audiencia. Tras esto recién se pudo dar inicio a la oralización de los alegatos de apertura.

ACUSACIÓN. En la audiencia, el fiscal anticorrupción Laureaño Añanca Chumbe indicó que en el 2009 los funcionarios de la MPS se habrían coludido para favorecer al consorcio Santa ITS -cuyo representante es el empresario Emilio Rivas Gay- en la adjudicación y licitación de la obra de mejoramiento e instalación de los denominados “semáforos inteligentes”, cuya ejecución requirió un presupuesto de 8 millones 209 mil soles.

Según el Ministerio Público, existiría una presunta sobrevaluación de más de 3 millones de soles en esta obra, la cual además no estaba considerada en el Plan Anual de Inversión de la comuna provincial.

Vale precisar que en aquella época Victoria Espinoza se desempeñaba por primera vez como alcaldesa de la MPS y Julio Cortez era el gerente municipal. Los otros tres implicados también eran funcionarios de confianza.

Añanca Chumbe detalló que en este caso se habría incurrido en el delito de colusión por lo que pidió una condena de cuatro años y 10 meses de cárcel para Espinoza, Cortez, Flores y Menacho, y tres años de prisión para Mendoza. En tanto, para el empresario Rivas se solicitó cuatro años y ocho meses de cárcel.

Además, indicó que los procesados deben ser castigados con cuatro años y 10 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El representante del Ministerio Público también planteó como delito alternativo el de negociación incompatible, por el cual pidió cinco años de cárcel para los procesados.

Por su parte, el procurador anticorrupción Richard Asmat Urcia ha solicitado como pago de reparación civil 4 millones 62 mil soles de forma solidaria, en agravio de la MPS.