Denuncian despidos arbitrarios en Medicina Legal de Abancay y Chincheros

Seis profesionales que trabajaban hasta hace poco bajo modalidad CAS, denunciaron que fueron víctimas de persecución laboral y despedidos arbitrarios por funcionarios de las Divisiones de Médico Legal de Abancay y Chincheros del Ministerio Público de Apurímac.

Estos acusan a la responsable de la División Médico Legal, Delia Nolasco de la Cruz y al técnico Juvenal Parcco, actual jefe de Potencial Humano del Ministerio Público de Apurímac, de haberlos evaluado con bajas calificaciones -y en forma subjetiva- a pesar de haber demostrado pericia y profesionalismo durante el cumplimiento de sus funciones.

Los denunciantes demandaron la intervención del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Enrique Salvatierra Estrada, a fin que se pronuncie sobre los excesos cometidos y corrija la crisis provocada por sus dos principales colaboradores.

Francisco Catalán Mego (Psicólogo División Médico Legal de Chincheros), Barry Soto Alcázar (Antropólogo), Oscar Eddy Maicielo Aldazabal (Médico legista forense), Carlos Carrasco Guzmán (Biólogo), Ronald Gutiérrez Núñez (Asistente Administración) y Roger García Chirinos (Auxiliar administrativo) todos ellos de la División Médico Legal de Abancay, rechazaron las evaluaciones realizadas.

“Las bajas calificaciones en nuestras evaluaciones y la resolución de nuestros contratos fueron justificadas por la jefe de Medicina Legal, Delia Nolasco, afirmando que no éramos personal de confianza, cuando realmente nos asiste el derecho de seguir laborando porque nosotros ganamos un concurso público para ocupar estos cargos”, aseveraron los denunciantes.

Esta cuestionada actitud de los funcionarios de la División Médico Legal de Abancay podría acarrear numerosos inconvenientes en las investigaciones que se encuentran en las fiscalías, así como en los juicios orales en curso.

“Las pericias efectuadas que son sustento de las acusaciones fiscales corren el riesgo de caerse, porque daría pie para que las defensas técnicas de los procesados por algún tipo de delito, argumenten que éstas (las pericias) fueron elaboradas por personal incompetente que no pasó las evaluaciones respectivas, es decir, se está desacreditando la labor del mismo Ministerio Público”, advirtieron.