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Un muerto fue el causante de la caída de la banda 'Moshe y la Gran Familia del Centro'

En mega operativo la policía también incauta revólveres, balas, dinero, tablets y equipos informáticos y de comunicación

19 de Abril del 2017 - 10:48 » Textos: Olivia Medina » Fotos: Correo

El Ministro del Interior Carlos Basombrío comparó la mafia de traficantes de terrenos con la triste célebre red de Orellana. “Moshe y la Gran Familia del Centro” es una organización criminal que puso al descubierto una inmensa telaraña de corrupción al más alto nivel donde estaban involucrados abogados, policías, profesores, trabajadores ediles y mujeres.

Sin embargo, “no hay crimen perfecto” y un pequeño error traería abajo -como un juego de dominó- esta mafia liderada por el excomandante PNP (r) Moisés Artezano Lavado. Fueron 18 los que ahora tendrán que responder a la justicia, pero serían cerca de 40 personas que integraban esta red de corrupción e incluso se barajaría nombres de altos funcionarios.

INICIO DE LA CAÍDA. Desde el 2011, el valle se vio amenazado por esta organización criminal dedicada a la apropiación ilícita de terrenos, cuyos dueños se hallaban fuera de la ciudad o su titularidad no estaba registrada y se hallaba en proceso de registro. Esos predios eran blanco fácil. Sin embargo, el adueñarse de un predio de 16 mil 530 metros cuadrados de propiedad de la Policía de Investigaciones de Huancayo, marcó el inicio de su caída y posterior captura.

El referido predio ubicado en la Av. José Carlos Mariategui, esquina con la Av. Circunvalación, desde hace décadas era utilizado por sus propietarios, la Asociación 6 de Agosto de la PNP, como campo deportivo.

Hasta que en Junio del 2016, Héctor Suasnabar Surichaqui se acerca a la Municipalidad de El Tambo para inscribir parte de la propiedad a su nombre, esto alertó a los directivos de que algo sospechoso pasaba con el predio.

Empezaron a indagar y descubrieron que, con documentos falsos a nombre de Pablo López Quispe, se inscribió el total del predio. Suasnabar, hermano de la presunta cabecilla de la organización Gladys Suasnabar, presentó un título de propiedad que se obtuvo con un compromiso de venta firmado por Pablo López en el 2009, sin embargo, dicho ciudadano falleció el 2006.

Este mismo sujeto, según la fiscalía, es quien se encargaba de fabricar y elaborar los documentos falsos utilizados por la organización, para ello utilizaba sellos, falsificaba firmas, sobreponía huellas digitales de las partes y se encargaban de hacer trámites

Los investigadores alertaron del hecho a la municipalidad, fue entonces que los usurpadores cambiaron de estrategia e hicieron que la viuda de Pablo López, Antonia Hilario Lizana, reclamara como suyo el predio a través de una sucesión intestada.

En base a ello, la viuda se acercó a la municipalidad para pedir el certificado de posesión y con ayuda del certificador Raúl Pantoja lo obtiene.

En setiembre de ese mismo año, la astuta viuda pide una constatación policial de posesión a la comisaría de El Tambo, en donde dos efectivos policiales integrantes de la organización, los ayudan.

Los miembros de la asociación, experimentados investigadores le seguían los pasos, cuando piden apoyo policial para desalojar a la usurpadora, se dan con la ingrata sorpresa de que ella ya lo había solicitado y se lo habían concedido.Los abogados de la red, hábiles y conocedores de que en caso de usurpación los propietarios solo tienen 15 días para recuperar el terreno de lo contrario se judicializa, interpusieron una demanda en la fiscalía.

Cuando los investigadores fueron hacer la denuncia ante la fiscalía no pudieron hacerlo porque ya estaba interpuesta y por lo tanto debían esperar a los resultados de la investigación.

Mientras esto ocurría y, pese a que la municipalidad estaba advertida, se inscribieron 15 lotes con propietarios distintos, lotes a los que se les crearon códigos para que paguen los autovalúos. Para hacerse de títulos de propiedad, algunos se valieron de los servicios de 5 notarios de la región y otro de Lima.

Con esta información, los policías decidieron investigar los antecedentes de cada uno de estos propietarios y los que participaron en el proceso de usurpación y tenían antecedentes por tráfico de terreno. Así empezó a develarse el delito. Recabaron pruebas y vídeos en donde se ve a Artezano Lavado en coordinaciones con la supuesta propietaria del predio que le pertenece a los policías. Con esta información la asociación denuncia el hecho ante la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín, quienes tomaron el caso e investigaron más . En ese proceso se descubrió que, bajo esta misma modalidad, se habían apropiado de predios en Chupaca, Sicaya y Sapallanga, aunque la mayor parte de los terrenos están ubicados en El Tambo. Por detalles en las firmas y otros, descubrieron los papeles falsificados.

CAPTURA. Con toda esa evidencia, el fiscal Elver Cerrón Valverde solicitó la detención de los 23 integrantes de la organización criminal ‘Moshe y la Gran Familia del Centro’ la madrugada del lunes 17 de abril. En el megaoperativo lograron capturar a Gladys Suasnabar Suricachi y Sergio Lavado Joaquín, dos de los tres cabecillas de la organización, mientras que ‘Moshe’ logró evadir la acción de la autoridad. Se capturaron a dos policías: Luis Francisco Cóndor Rosas (St3 PNP en actividad) y Marcelino Castañeda Rodríguez (Sb PNP en retiro), además a 6 mujeres.

Incautaron también S/. 12,310 soles, 3 armas de fuego, un revólver, 8 municiones, 4 equipos de comunicación, 10 equipos informáticos, 14 celulares, 3 laptops, 2 tablet, 12 Usb, además de tarjetas de diferentes bancos y documentos.

En la Mira. En el operativo no se logró capturar a: Moisés Artezano Lavado, Luis Francisco Cóndor Rosas, José Ulises Suasnabar Surichaqui, Luzmila Artesano y otros.

FORTUNA. El General de la Policía Nacional, Vicente Ramírez Fernández dio más detalles de esta organización. “Los abogados amañaban los trámites.

A la fecha, (la organización) ha tenido un provecho de los ilícitos por más de doce millones de soles, estafando a más de una veintena de propietarios en diversos distritos.

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