Clausuran empresas que extraen arena atentando contra el río Huallaga

Un contingente de efectivos de la Policía de Medio Ambiente hizo su ingreso raudo hacia las canteras de materiales no metálicos, ubicadas en Andabamba. Los extractores accedieron, imaginando que era una inspección ante la próxima llegada del fenómeno de El Niño.

El procurador de la municipalidad de Pillco Marca Juan Soto Inocente, refirió que estaban en el lugar para clausurar temporalmente a tres empresas dedicadas a extraer agregados del río Huallaga y luego proceder a la suspensión de sus licencias.

Los extractores de inmediato mostraron su malestar, manifestando que esa actividad es fuente de trabajo de 70 familias y que no pensaban acatar dicha medida.

La alcaldesa de Yanag, Isabel Rojas Aquino, señaló que la extracción que se realiza en esa zona está afectando a más de mil viviendas del sector de Yanag que temen un eventual desborde como ocurrió el ‘82 y también el ‘98.

Mientras las autoridades inspeccionaban las canteras, de diversos lugares reventaban cuetes con la intención de intimidarlos; sin embargo la presencia policial hizo que llegaran hasta la empresa de la familia Figueroa.

Luego de unos minutos de camino a un panorama desolador llegaron las autoridades, dejando sentir su enojo por tanta irresponsabilidad y ensañamiento con el río Huallaga.

La primera en manifestarse fue la representante de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), María Navarro Villanueva, quien dijo que el cauce del río fue destruido. “La acción de los agregados es para descolmatar, pero en cambio vemos el cauce colmatado con tantos cerros de piedras, ensanchando la margen con lagunas, afectando el subsuelo, esto no es una cantera”, dijo.

Señaló que los extractores realizaron forados, al igual que proceden los mineros informales. “Están siguiendo el mismo sistema de las dragas el cual está prohibido, al desviar el cauce, ponen en peligro a mas mil de familias que podrían ser víctimas del desborde del río y causar muertes”, advirtió. 

Adelantó que desde el 2009 en que están funcionado como ANA, revisó si existía algún permiso para usar el río y no encontró ninguno. Por ello anunció que tras la inspección, procederá a denunciar administrativamente y sancionarlos con una multa que va desde 0.5 UIT a 10 mil UIT. “Vamos a evaluar el daño al río”, dijo.