La amenaza de una huelga indefinida, programada para hoy, forzó al gobernador regional a sostener una reunión de emergencia y aceptar a regañadientes el pago del inapelable laudo arbitral a los trabajadores. Pero la paralización de labores al interior del Gobierno Regional de Ica aún sigue latente, ya que el cumplimiento del tribunal arbitral es solo una parte de otros puntos de la plataforma de lucha.
Cillóniz, de forma escueta, dijo que posiblemente para fines de este mes se ejecutará el laudo arbitral que consiste en la restitución del pago mensual de mil 300 soles como incentivo laboral. La actual gestión regional solo reconocía mil soles. El saldo de 300 soles lo había congelado desde agosto pasado.
La autoridad regional no quiso entrar en detalles por el no cumplimiento del laudo arbitral, pero le echó la responsabilidad a los cuatro funcionarios que fueron cesados de su cargo de manera nada amistosa.
Cillóniz dijo que él había ordenado la ejecución del laudo arbitral pero que el renunciante exgerente regional de Administración y Finanzas, Ricardo Francisco Ramírez Moreno, Darwin Olgers Najarro Silva de la subgerencia de Gestión Financiera y Cristhian Jesús Arrunátegui Reyes de la subgerencia de Abastecimiento, se habrían opuesto.
El secretario general de los trabajadores, Humberto Santamaría Jiménez, lamentó el desinterés de la autoridad regional en cumplir el fallo arbitral que favorece a los trabajadores y dijo estar cansado de las constantes mecidas.
En julio pasado, el Tribunal Arbitral entregó al procurador público regional, Fernando Castañeda Abarca, y a Carlos Fuentes Coras, en representación de los servidores, el fallo arbitral y desde aquella fecha vino extendiendo el cumplimiento del laudo.
El cumplimiento del laudo solo ha quedado en palabras tras la reunión entre los servidores, Cillóniz, el vicegobernador José Yamashiro Oré y el consejero delegado Gustavo Soto Lévano. No hay acta alguna que señale una fecha.
El incumplimiento del laudo arbitral llegó hasta el mismo Consejo Regional, donde los consejeros, en sesión ordinaria, se mostraron indignados por no ejecutar la disposición.