Habría cobrado S/. 10 mil a contratista por obra en Salas

El regidor distrital de Salas - Guadalupe Roger Alberto Barrera García fue denunciado ante la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Ica por los delitos de abuso de autoridad y corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo propio.

Según la denuncia a la que accedió Correo, la autoridad municipal -aprovechando su condición de regidor- paralizó la obra de aproximadamente 120 metros lineales en la calle San José del centro poblado Cerro Prieto, afirmando que la vereda a construir iba a ocupar parte de la propiedad de su familia.

Puedes leer...Tres muertos y dos heridos tras caer auto a un abismo

Obligó a los representantes del consorcio San José, ejecutor de la obra, al pago de una suma de dinero por los 120 m2, afirmando que la vereda iba a ocupar un terreno familiar.

Pese a las conversaciones, los miembros del consorcio San José debían continuar con la obra y tuvieron que pagarle la suma de 10 mil nuevos soles a razón de 83.33 nuevos soles por metro cuadrado de terreno agrícola que -afirmaba el regidor- era de su familia.

El denunciado aprovechó su condición de regidor distrital para exigir a la empresa ejecutora la colocación de cinco conexiones domiciliarias de agua potable y cinco conexiones domiciliarias de desagüe a lo largo de los 120 metros lineales, en beneficio de los familiares del regidor Barrera García.

Puedes leer...Recorrido por el mes morado en Ica ya tiene croquis

El consorcio San José cumplió con la exigencia del regidor para permitir la culminación de la obra. El abogado denunciante, Juan García Córdova, afirmó que los referidos hechos figuran en la memoria descriptiva de la contratación de ejecución de obra “Creación de pistas y veredas en las calles Los Aromos, San José, Buenos Aires y prolongación Fray Ramón Rojas del centro poblado cerro Prieto, distrito de Salas - Guadalupe”.

García Córdova explicó que “el funcionario que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena en perjuicio de alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.