Ni un minero pudo formalizarse en Ica

La Defensoría del Pueblo presentó ayer en Ica el Informe Defensorial Nº 167: “Balance de la gestión estatal frente a la minería Informal e Ilegal en el Perú 2012-2014. Supervisión a las entidades de alcance nacional y regional”.

El informe analiza las debilidades encontradas en el proceso de formalización minera y recomienda fortalecer con urgencia las capacidades de las entidades a cargo de este proceso, en particular a los gobiernos regionales. Se ha planteado dar solución a los problemas de superposición de derechos y saneamiento físico legal, además de dar prioridad a las acciones de remediación y protección ambiental frente a la minería ilegal.

Durante la presentación se dio a conocer que los mineros informales presentaron aproximadamente 70 mil declaraciones de compromiso como paso previo para su formalización. Sin embargo, hasta finales del año pasado, solo 16 declaraciones de compromiso obtuvieron la autorización de inicio por parte del gobierno regional competente, beneficiando únicamente a 631 mineros que alcanzaron la formalización. Ninguna declaración de compromiso corresponde a la región Ica.

La situación respondería (entre otros motivos) a que los gobiernos regionales carecen de personal especializado, logística y presupuesto para conducir el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, así como para supervisar y fiscalizar dichas actividades.

Al respecto, el Gobierno Regional de Ica reportó que el año 2014 únicamente destinó el 0,07% de su presupuesto para el cumplimiento de dichas funciones.

Estuvo ausente en el evento el gobernador regional Fernando Cillóniz Benavides.

“Hemos identificado que la supervisión administrativa de la pequeña minería y minería artesanal, a cargo del nivel regional, es insuficiente. Por dicha razón, estamos recomendando fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos regionales, así como dotarlos de los recursos presupuestales suficientes para que puedan ejercer sus funciones con eficacia. Además, es urgente incrementar las acciones de supervisión”, señaló el jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Adolfo Ibarra.

La citada investigación defensorial también advierte que los sujetos de formalización deben lidiar con conflictos originados por la superposición o incompatibilidad de derechos otorgados por el Estado, como por ejemplo, concesiones forestales superpuestas con concesiones mineras. “La Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia del Consejo de Ministros dictar las normas que faciliten la resolución de conflictos surgidos por dicha situación, salvaguardando los derechos adquiridos, y en particular de los pueblos indígenas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”, acotó Ibarra.