Obras por impuestos, la receta que los alcaldes desechan
Obras por impuestos, la receta que los alcaldes desechan

Ayer lo dijimos, nuestras autoridades están en deuda con quienes los eligieron, con sus barrios, asentamientos humanos, distritos y ciudades. Están en deuda porque a tres meses de que acabe este año, apenas han aprovechado lo mínimo del dinero con que cuentan para hacer obras, cumplir con las promesas electorales, durante las que nunca escatimaron en palabras bonitas.

Le cedemos la palabra a César Segura, empresario y presidente de la Cámara de Comercio de Ica, entidad que no de ahora sino de hace rato le da la pauta a los gobiernos locales y el regional para hacer más viables esas obras que se entrampan en el camino por razones de todo tipo.

Existe un mecanismo para que los gobiernos locales y regionales puedan hacer realidad las obras sin tanto problema. Es la ley de obras por impuestos, y que la Cámara de Comercio ha hecho ver hasta la saciedad su viabilidad.

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“En nuestra opinión, el tema no solo es del gobierno central, los actores ahora son los gobiernos locales, regionales y los empresarios”, señala.

“Sin embargo, los empresarios no actuarán sin una invitación de parte de los gobiernos locales y regionales, tampoco basta con identificar obras para que con la ley de obras por impuestos se vialicen estos montos asignados para tal fin”, señala.

Para Segura, quien recordó que la municipalidad de Ica tiene en sus manos 60 millones sin gastar y 190 millones el gobierno regional, lo ideal sería acercarse y comprometerse para que esta ley sea una realidad que Ica pueda aprovechar.

Pero hay dos cosas, dice. La primera, que no conocen el mecanismo de esta ley y la segunda, que el empresario ejecuta la obra, por tanto, el funcionario público no tiene injerencia en la licitación ni ejecución (algo que a muchos de ellos no les gusta).

En lo primero, la cámara ha conformado el comité de RSE (Responsabilidad Social Empresarial), que da el soporte técnico legal a fin de que se lleve a cabo y a buen puerto, dándole así al empresario la seguridad de que este mecanismo es un éxito social que ayudará a la comunidad y adelantará el futuro al presente.

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Para Segura, este primer punto tiene ventajas mayores: la obra está basada en gestión de los privados, lo que es igual a menor tiempo de ejecución y reactivación de la economía. “Por eso decimos que los empresarios deben comprometerse, es una obligación para mover la economía y salir de la recesión”, añade.

Luego reitera que si los gobiernos no tienen el menor interés en aprovechar estas facilidades que les da la ley, “de nada sirve tener el presupuesto y nuestro interés para tal fin”.El presidente de la Cámara de Comercio reitera que “ojo, los compromisos con nuestra comunidad no son solo de los gobernantes; también son actores las instituciones y empresarios, lo que falta es la convocatoria y el compromiso”.

Respecto al punto 2, es la mejor forma de acabar con la corrupción, ya que el empresario es quien ejecuta desde al perfil de las obras, y ahora con la modificación, incluirá el gasto del supervisor que elegirá el gobierno local o regional.

Segura reiteró en nombre de los empresarios iqueños (en realidad el pedido debe ser de todos) que este tema hay que priorizarlo y exigir que se ejecuten obras a través de este importante mecanismo y sancionar su falta de ejecución y aprovechamiento.

“El Perú es único con este tipo de iniciativa legislativa (obras por impuestos) en la región, y no aprovecharlo es un pecado que no se le puede perdonar a los alcaldes, que ya suficiente vergüenza deben tener por tener el dinero y no saber utilizarlo”, sentenció con justa razón César Segura.

¿Y QUÉ ES? La Ley N° 29230, llamada “Ley de Obras por Impuestos”, es una norma expedida por el Gobierno peruano que busca acelerar la ejecución de obras de infraestructura pública prioritarias en todo el país.

La Ley permite a una empresa privada, en forma individual o en consorcio, financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas para luego, con cargo a su impuesto a la renta de 3era. categoría, recuperar el monto total de la inversión.

A su vez, los gobiernos regionales, gobierno locales y universidades públicas pagan el financiamiento SIN INTERESES a cuenta de sus recursos de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones, hasta diez años después de culminada la obra.

Desde el 2008, año en el que fue promulgada la Ley, se han promovido una serie de obras dentro de infraestructura pública básica como redes de agua y desagüe, vías, centros de salud, entre otras.

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