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Seis años de prisión para 7 funcionarios de SEMAPACH

Poder Judicial ordena la captura e internamiento de los procesados, que no acudieron a la lectura de fallo

Seis años de prisión para 7 funcionarios de SEMAPACH

Seis años de prisión para 7 funcionarios de SEMAPACH

23 de Febrero del 2017 - 10:05 » Textos: Correo Ica » Fotos: Grupo Epensa

La Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica condenó a Marcial Ernesto Arévalo Ramírez, Wilmer Armando Pérez Flores, Ángel Amado Jesús Arias Saavedra, Alberto Fernando Rodríguez Ramos, Julio Elmer Ávalos Castillo, Juan José La Torre Alzamora y Alfredo Ismael Quispe Acuache, a seis años con seis meses de prisión efectiva por el delito de peculado y otros en agravio del Estado Peruano.

La sentencia contra los funcionarios de SEMAPACH se computará desde el ingreso de los referidos sentenciados al penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ya que no acudieron a la continuación de la audiencia de juicio oral, ordenando a la Policía su inmediata captura e internamiento.

PROYECTOS. Según el expediente N° 547-2003, por los delitos de peculado y otros, los sentenciados se apropiaron de dinero destinado para las siguientes obras de instalación de la red matriz de agua potable de la UPIS Keiko Sofía Fujimori, por un valor de 102 mil 036 soles.

También de la obra de mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable de Portachuelo - Alto Larán por la suma de 40 mil 200 soles y el proyecto de limpieza y refacción de la poza N° 3 - laguna de oxidación de Chincha Baja por 108 mil 120 soles.

Delito. En el expediente N°133-2007, en el que está el delito de defraudación tributaria, se ha probado que el contribuyente SEMAPACH, durante el ejercicio fiscal 2001-2003 y por intermedio de los sentenciados, ha realizado maniobras fraudulentas consistentes en la utilización de comprobantes de pago falsos con la finalidad de obtener crédito fiscal inexistente y reducir el impuesto que están obligados a pagar, así como para reducir el pago del impuesto a la renta para el periodo 2001-2002, para lo cual generaron una serie de documentos que sustentarían las supuestas adquisiciones de bienes y servicios por obras.

Los jueces superiores que dictaron la sentencia realizaron el análisis de las pruebas aportadas, como pericias, manifestaciones, informes técnicos, documentos públicos y otros.