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Defensoría del Pueblo advierte que agua potable no es apta para el consumo humano

La Oficina Defensorial de La Libertad iniciará acciones de supervisión a los Administradores de los Sistemas de Agua para constatar el estado sanitario de los sistemas y la calidad del agua que se distribuye a la población usuaria

17 de Julio del 2017 - 12:57 » Textos: Redacción » Fotos: Correo

Un informe de la Dirección Regional de Salud de La Libertad reveló que durante el año 2016 el 92% de 557 sistemas de agua evaluados se encuentran con riesgo sanitario regular, alto y muy alto. Además de las 432 muestras de agua para consumo humano analizadas, el 73% superan los parámetros de coliformes totales y termotolerantes de acuerdo a los límites permitidos establecidos por las normas de salud.

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo (DP) advirtió una seria afectación al derecho a la salud por tratarse de un recurso para el consumo humano en esta región del país. 

Al respecto, la Oficina Defensorial de La Libertad iniciará acciones de supervisión a los Administradores de los Sistemas de Agua para constatar el estado sanitario de los sistemas y la calidad del agua que se distribuye a la población usuaria.

Las provincias que presentan este problema son Pacasmayo, Gran Chimú, Trujillo, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Bolívar y Pataz.

La región La Libertad cuenta con 880 sistemas de agua que distribuyen este recurso para consumo de las familias. El informe de la Dirección Regional de Salud también concluyó que apenas el 8% de los sistemas de agua analizados se encuentran con mínimo riesgo sanitario. Y solo el 26% de las muestras de agua para consumo humano estudiadas se encuentran dentro de los parámetros fijados por las normas de salud.

La DP recuerda que el acceso al agua potable es un derecho que debe ser promovido y protegido por las Municipalidades Provinciales, Municipalidades Distritales, las Empresas Prestadoras de Servicio de Agua, los Comités de Agua y las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, las cuales están encargadas de administrar y mantener el servicio en óptimas condiciones para garantizar el derecho a la vida y salud de las personas.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reconoce que el acceso a los servicios de agua no solo es un derecho fundamental que permite a las personas mejorar su calidad de vida, reducir las enfermedades de origen hídrico, sino que también posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales.