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La Libertad: Abogados aseveran que fallo judicial a favor de esposa de gerente era apelable

Especialistas laboralistas, tras revisar la determinación del Poder Judicial, coinciden en que desde la Procuraduría Regional de La Libertad se pudo impugnar resolución que ordena pagar S/ 61,331 a la cónyuge del gerente general. Luis Valdez dice que consultarían a un estudio de abogados de ser necesario

La Libertad: Abogados aseveran que fallo judicial a favor de esposa de gerente era apelable

La Libertad: Abogados aseveran que fallo judicial a favor de esposa de gerente era apelable

21 de Abril del 2017 - 08:33 » Textos: Gabriel Durand » Fotos: Correo

El polémico fallo judicial que no apeló la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), la misma que favoreció a la esposa del gerente general Carlos Matos Izquierdo, sigue en el ojo de la tormenta.

Esta vez, dos abogados laboralistas coincidieron en que dicha determinación del Sexto Juzgado de Trabajo de Trujillo, que ordenó pagar S/ 61,331, entre otros beneficios, a favor de Cynthia Quevedo Tello, cónyuge de Matos, era “totalmente impugnable”.

“CASO EXTRA PETITA”. El abogado Carlos Becerra Sánchez tildó de “escandalosa” la determinación judicial, pero, más aún, la no apelación por parte del procurador regional Henry Chávarry Alvarado, al explicar que es un “caso extra y ultra petita”, vale decir, que presuntamente se concedió derechos que no fueron pedidos por parte de la demandante Quevedo Tello.

“Ha sido un fallo fuera de lo peticionado, en este caso, hay ultra y extra petita”, sostuvo Becerra.

EXPLICACIÓN. El letrado remarcó que Cynthia Quevedo, de acuerdo a su pedido al Poder Judicial, señala que empezó a laborar como “inspectora de Trabajo” en el GRLL desde el 2 de enero del año 2000; sin embargo, en la determinación judicial le reconocen “la aplicación del Régimen Laboral de la Actividad Privada”, es decir, la Ley Laboral N° 728, desde el 1 de julio del año 2001, hasta el 14 de julio del 2011.

“Ahora se entiende por qué no quisieron apelar esa sentencia desde la Procuraduría Regional, porque querían favorecer a la esposa del gerente. La fecha de inicio del vínculo laboral fue el año 2000, cuando estaba vigente la Ley N° 276 y no la 728, por lo tanto, el juez suprime un año y le reconoce desde el 2001 cuando entre en vigencia la nueva norma. Es escandaloso”, remarcó.

“NO HAY MÁS QUE HACER”. Becerra agregó que “lo peor de todo” es que ya no hay forma de apelar el fallo, porque existe una sentencia consentida.

“Esa sentencia pudo haberse anulado, es pírrica, pero la Procuraduría no lo hizo. Ese fallo no lo refrenda ningún abogado, porque ya hay una sentencia consentida y eso es lo peor, porque no se puede hacer nada más, tienen que pagarle a la señora. Queda muy claro que el funcionario del Gobierno Regional de La Libertad nunca defendió los intereses del Estado”, enfatizó Carlos Becerra.

VALORACIÓN. A su turno, el abogado Carlos Alva Jara manifestó que probablemente el juez “valoró” el principio del artículo 28 de la Ley General del Trabajo para “favorecer” a la extrabajadora del ente regional.

No obstante, aseguró que el fallo judicial era “apelable desde todo punto de vista”. Detalló que a Cynthia Quevedo Tello, esposa del gerente general, se le debió incluir dentro del régimen laboral N° 276 y no el 728.

“Me parece que el juez, erradamente, ha planteado el régimen 728, eso quiere decir que ella (la esposa del gerente general del GRLL) ha salido más favorecida que un trabajador que tiene más de 30 años en la misma dirección de trabajo que pertenece a la 276”, apuntó.

En ese sentido, sostuvo que todo trabajador del régimen 276 no recibe más de 400 soles de gratificación, caso contrario a la que obtendrá Quevedo Tello ahora que ganó el juicio al gobierno regional.

“Estos y otros puntos debieron ser plasmados por el procurador regional en la apelación, pero no lo hizo; en consecuencia, no se salvaguardó los intereses del propio Gobierno Regional de La Libertad”, indicó el abogado.

“NO APLICA”. Alva Jara, asimismo, manifestó que la Ley N° 728 es aplicable para el Régimen Privado de la Función Pública, en este caso, para entidades como el Proyecto Especial Chavimochic, para la Sunat o Registros Públicos, y no para los gobiernos regionales y municipales.

En tal sentido, dijo que Cynthia Quevedo Tello, al haber sido inspectora de Trabajo en el gobierno regional, no tendría por qué beneficiarse con dicho fallo judicial.

“Pero como verán, ya no se puede hacer nada porque la Procuraduría Regional no apeló el fallo en su debido momento, a pesar de que tenía los suficientes recursos para impugnar ese fallo”, indicó.

Carlos Alva, al igual que su colega Carlos Becerra, afirman que toda la responsabilidad es de la Procuraduría Regional, y no del Poder Judicial.

“Está claro que hubo una omisión de funciones para no llevarlo al tema del parcialismo. El fondo del asunto, sin querer vincular que es la cónyuge del gerente general, es la responsabilidad del procurador porque está en la obligación de apelar esa sentencia que estaba mal planteada”, acotó.

VALDEZ EXPLICA. Por su parte, el gobernador regional Luis Valdez Farías argumentó que de ser necesario se pedirá a un estudio de abogados que emita una opinión sobre si era necesario apelar o no el fallo judicial que favoreció a la esposa del gerente Carlos Matos.

“Lo que podríamos hacer es, incluso, solicitar un informe técnico a un estudio de abogados para que vea si se debió o no impugnar esa resolución; ojo, las resoluciones se impugnan en tanto haya alguna infracción a la ley sobre la decisión del juez, si el juez no ha cumplido la ley o ha habido un error de interpretación, se debió haber impugnado. Pero si al trabajador le corresponde tal o cual derecho, debemos respetarlo”, expresó.

NO DECIDE SANCIÓN. En tanto, al ser consultado si ya tomó una determinación sobre el procurador regional Henry Chávarry, el gobernador dijo que espera primero un informe. “Aquí no vamos a blindar a nadie, eso que quede claro. Pero tiene que presentar un informe dentro del ámbito de su competencia. Mientras más transparentes seamos, será mejor. Si ha habido un acto irregular, no se ha cumplido con la ley, pues hay que sancionar, esas cosas no deben quedar en el tintero”, puntualizó.

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