Buscan probar pago de coimas de “El Jefe” al TC

La Fiscalía de la Nación solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Lima, que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones de exjueces del Tribunal Constitucional (TC), que habrían recibido coimas del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales (a) “El Jefe”.

Precisamente hoy se realizará la audiencia donde un fiscal supremo, en representación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, expondrá el requerimiento que busca establecer si los exmiembros del TC mantuvieron contacto con el exburgomaestre o algunos de sus socios implicados en la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”.

HECHOS. Como se recuerda, el colaborador eficaz N° 14 - 2014 reveló que el entonces alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, pagó 160 mil dólares a dos jueces del TC, para que anulen la sentencia que se le impuso en Chiclayo a 3 años de cárcel por el delito de peculado de uso.

El referido colaborador aseveró que la prebenda económica se entregó a través de un intermediario en un parque del distrito de Miraflores en Lima y que quienes habrían accedido al soborno son los exjueces del TC, Carlos Mesía Ramírez y Gerardo Eto Cruz.

Incluso el Ministerio Público cuenta con el testimonio del exproveedor de la comuna de Chiclayo, Luis Barrantes Piscoya, quien reveló haber trasladado en una camioneta a Beto Torres hasta la ciudad de Lima llevando una maleta con dinero que fue entregada a un sujeto de nombre Artemio.

Por estos hechos la Fiscalía de la Nación formalizó investigación contra los exmiembros del TC Mesía Ramírez y Eto Cruz, como presuntos autores del delito de cohecho y solicitó al Poder Judicial que ordene a las empresas de telefonía que emitan un informe sobre las llamadas entrantes y salientes que se realizaron desde 16 números telefónicos.

En el requerimiento se especifica el periodo comprendido entre el 1 de agosto del 2012 hasta el 31 de mayo de 2013, cuando se ventilaba en el TC, la acción de inconstitucionalidad que interpuso Roberto Torres como recurso de apelación contra la condena que se le impuso y que resultó a su favor.

De ser declarado procedente el pedido de la Fiscalía de la Nación, las empresas de telefonía deberán informar la fecha, hora, tiempo de duración de las llamadas y la dirección donde se encontraban físicamente los celulares, al momento de producirse dichas comunicaciones.

DETENCIÓN. Por otro lado, ayer la jueza Cecilia Grandez Rojas declaró fundado el pedido de convalidación de detención preliminar por 6 días, que la Fiscalía presentó contra el exproveedor de la comuna de Chiclayo, José Mires Rimarachín.

La magistrada consideró que el plazo de 6 días es suficiente para que la Fiscalía culmine diversas diligencias, como son el interrogatorio al procesado e indagar sobre los pagos que recibió de Epsel por más de 500 mil soles por concepto de indemnización.

De acuerdo a lo dispuesto por el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco, se deberá interrogar a los abogados que representaron a Epsel en el proceso judicial por daños y perjuicios que inició Mires Rimarachín cuando se le cortó un contrato.

Además se contrastará información recabada respecto al imputado como son documentos de la Sunarp, Sunat y los que remita la Contraloría.