Cinco comunas no cumplen directiva del Osce en procesos que superan los S/ 80 mlls.

¿Desconocimiento? Serios vicios e irregularidades a la hora de elaborar las bases para la convocatoria de millonarios procesos se detecta, hasta el momento, en 5 municipalidades distritales, lo cual pondría en serio riesgo estas importantes inversiones.

Esto como consecuencia de no acatar la Resolución N° 304- 2016 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- Osce-, la cual aprobó la modificación de la Directiva N° 1- 2016 “Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, que entró en vigencia el 23 de agosto del presente año.

EN VIGENCIA. Se trata de los procesos convocados por las comunas distritales de: Monsefú, San José, Pacora, Mochumí y La Victoria, todos concernientes a obras de saneamiento, cuyas bases fueron confeccionadas posterior al 23 de agosto, pero a pesar de esto, los comités especiales no tomaron en cuenta la citada modificatoria.

De acuerdo al Comunicado N° 003- 2016- Osce, establece en uno de sus anexos que “…las calificaciones del plantel profesional clave que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, según corresponda.

Por consiguiente, no se puede exigir que el plantel profesional clave cuente con otros grados académicos, títulos y/o capacitaciones adicionales”.

Es así que Correo, apoyado en los portales de transparencia detectó que, en el caso del municipio de San José, la Licitación Pública (LP) 01- 2016, para la obra de ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado” con valor referencial de S/ 30’402,214.35, no está alineada a la modificatoria vigente.

Esto se refleja cuando en las bases piden que el gerente de obra sea un ingeniero titulado y colegiado, que acredite estudios concluidos de maestría en dirección y/o administración de empresas.

Igual sucede con los requerimientos del residente de obra y asistente de residente.

La situación se repite en la LP 002 de la comuna de Monsefú, convocada para el mejoramiento del plan maestro de saneamiento de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales, por el valor referencial de S/ 31’284,397.00

Aquí, las bases requieren a un capacitador que deberá ser ingeniero civil titulado, colegiado, habilitado, con estudios en derecho, además de doctorado y maestría referidos a ciencia ambiental y/o ingeniería ambiental y tener experiencia en docencia universitaria, entre otros requerimientos.

En el caso del distrito de La Victoria se visualizan dos procesos.

La LP N° 01- 2016 para el mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la Av. Gran Chimú, Av. La Paz, Av. Pachacutec y Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, por un valor referencial de S/ 3’829,945.69.

Y la L.P. N° 02-2016, convocada para el mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la Av. Miguel Grau, calle Mesones Muro, Inca Roca y Av. Gran Chimú, por un valor referencial de S/. 8’312,735.42.

En ambos procesos las bases le exigen al residente de obra que sea ingeniero civil, colegiado con conocimiento y “capacitación” en la Ley de Contrataciones del Estado.

En Pacora se convocó la LP N° 01-2016 para ejecutar el saldo de obra de saneamiento básico, donde la inversión supera los 11 millones de soles.

Aquí sus bases requieren la acreditación de innumerables cursos y capacitaciones con los que deberían contar los profesionales que tendrán a cargo la ejecución de la obra; es más, se establece que estos deben ser confirmados mediante la presentación de diplomas y/o copia simple de certificados.

Una situación similar ocurre en dos procesos convocados por el municipio de Mochumí.

Estos se refieren a las Licitaciones Públicas N° 02 y 03-2016 por un importe que bordea los 5 millones de soles.

En ambos procesos se aprobaron bases conteniendo el requerimiento de la presentación por parte de los participantes de ciertos diplomados y capacitaciones de los profesionales.

DESCARGOS. Correo buscó la versión de los alcaldes cuyas comunas habrían incurrido en este tipo de vicios.

En el municipio de La Victoria, el encargado de la oficina de Imagen Institucional nos indicó que el burgomaestre, Anselmo Lozano, estaba en una reunión, y que, además, el presidente del comité especial, Harry Gonzales, había salido de comisión, siendo este el que tiene más conocimiento del asunto.

Al contactar a Harry Gonzales por teléfono para su versión, una persona, que dijo apellidarse Idrogo y ser un técnico en la comuna, dijo que Gonzales ya había salido y dejado su celular. Acto seguido cortó.

Quien atendió nuestra llamada desde la ciudad de Lima fue el alcalde de San José, Macario Fiestas, que afirmó desconocer de la existencia y vigencia de la modificatoria del Osce.

“Mañana (hoy) me reuniré con mi comité y veré que me informa. No tenía conocimiento de esta situación, tampoco de la modificatoria”, declaró Macario Fiestas.

La autoridad tampoco se acordaba del nombre del presidente de su comité especial que él designó para esta obra de más de S/ 30 millones.

Correo también buscó, sin fortuna, la versión del burgomaestre pacorano, Frank Gonzales.

Es por eso que insistimos con el presidente del comité especial, William Rodríguez, quien contestó la llamada, pero refirió no recepcionar bien la comunicación (por la bulla que había en el lugar donde estaba) y pidió que lo llamáramos al siguiente día (hoy).

En su lugar, voceros del municipio pacorano aceptaron la existencia de estas observaciones a las bases, por lo que- dijeron- las tendrán en cuenta para subsanarlas al momento de la integración de las bases.

CONTRALORÍA. Sobre el particular, Correo consultó con el gerente regional de la Contraloría, Nelson Guevara Altamirano, quien se mostró más que contundente.

“Lo que corresponde, de acuerdo a norma, es que al haber entrado en vigencia un nuevo marco normativo planteado por el Osce, las bases deberían estar alineadas a esta modificatoria”, indicó Guevara.

Además, el contralor regional enfatizó que de llegarse a determinar que existe algún tipo de incumplimiento que contraviene la directiva, esto deber ser observado y será el titular de la entidad quien haga la modificatoria del caso.

“Retrotraer o anular el proceso, eso es facultad solo del titular de la entidad, pero lo que correspondería sería adecuar las bases estándar, lo cual implicaría retrotraer el proceso para que se realice en las condiciones establecidas”, puntualizó.

Guevara Altamirano agregó que cada uno de los Órganos de Control Interno (OCI) de todas las entidades públicas llevan a cabo sus controles preventivos. “Estamos haciendo el seguimiento de estos casos y en su momento emitiremos el pronunciamiento”.