Dos exgobernadores serían testigos en caso Odebrecht

Dos exautoridades lambayecanas figuran en la larga lista que presentó la Procuraduría Anticorrupción a la Fiscalía, para que sean considerados como testigos en el marco de la investigación por los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de diferentes administraciones gubernamentales del país.

Se trata de los exgobernadores regionales Yehude Simon Munaro y Nery Saldarriaga Herrera. Ambos anunciaron que hoy ofrecerán una conferencia de prensa para responder a las interrogantes sobre este caso.

No obstante, el líder humanista adelantó a Correo que está de acuerdo con que se le tome su manifestación; incluso dijo esperar que a todos los integrantes de dicha lista se les levante el secreto bancario. En tanto, Nery Saldarriaga evitó pronunciarse ayer, precisando que lo hará hoy en rueda de prensa.

PRESIDENTES. Como se sabe, los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala también deberán rendir sus testimonios por este caso, según informó la procuradora general de la República, Julia Príncipe.

La jefa del Consejo de Defensa Jurídica del Estado indicó que estas son algunas de las diligencias solicitadas por la Procuraduría Anticorrupción, que presentó ante el Ministerio Público una ampliación de denuncia en el marco de las pesquisas que se realizan debido a los sobornos pagados por las empresas constructoras brasileñas.

Como se recuerda, el pasado 8 de noviembre el despacho del fiscal anticorrupción Hamilton Castro abrió una investigación por las coimas brasileñas contra los que resulten responsables. Sin embargo, tras el acuerdo de confesión entre Odebrecht y la justicia de Estados Unidos, amplió el caso y estableció un marco de investigación basado en los diferentes gobiernos entre 2005 y 2014, incorporando como investigada a la empresa Odebrecht Perú S.A.C.

En conferencia de prensa, Príncipe explicó que con la finalidad de impulsar la investigación en este caso, el procurador anticorrupción Amado Enco también solicitó la ampliación de la investigación contra tres personas naturales a fin de que sean incluidas como investigadas.

“La Procuraduría está solicitando ampliar la denuncia contra Marcelo Bahía Odebrecht, Jorge Henrique Simoes Barata y Gonzalo Eduardo Monteverde, y contra los funcionarios y/o servidores públicos que resulten responsables”, indicó.

En el caso del representante de la transnacional, Marcelo Odebrecht, este ya fue sentenciado a 19 años de prisión por un caso vinculado a la empresa estatal brasileña Petrobras. Barata es considerado uno de los principales integrantes de la empresa encargada de los proyectos en el Perú. Y, finalmente, Gonzalo Monteverde ha sido vinculado con empresas fantasmas para “blanquear” los $29 millones que Odebrecht pagó en sobornos en el Perú.

CONTRALORÍA. Por otro lado, el contralor general de la República, Edgar Alarcón, reveló que entre 1998 y 2015 las irregularidades en la ejecución de obras públicas a cargo de Odebrecht habrían ocasionado un presunto perjuicio económico de $283 millones. La institución realizó un informe en el que detalla la participación de la empresa brasileña en el país y las irregularidades en las obras licitadas. Expuso además los casos más relevantes que han sido remitidos a otras instancias del Gobierno.

En una conferencia de prensa, la Contraloría precisó que la participación de Odebrecht en el Perú data de hace más de dos décadas. De acuerdo con los resultados de las labores efectuadas por el organismo de control, de manera individual o consorciada la constructora brasileña ha participado aproximadamente en un total de 57 proyectos con el Estado peruano desde 1979 hasta 2015. De ellos se identificaron 23 principales proyectos con un total de $16,940 millones de dólares en un periodo comprendido durante los años 1998 y 2015.

Al respecto, Alarcón indicó que la Contraloría auditó un total de 16 obras que suman un monto de inversión de $11,271 millones, de los cuales se estimó un perjuicio económico que asciende a $283 millones, además de presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios de las entidades involucradas.

CASOS RELEVANTES. La máxima autoridad de la Contraloría precisó que entre las obras auditadas en las que se identificó irregularidades figuran el Gasoducto Sur Peruano, la vía Costa Verde tramo Callao, la carretera Chacas-San Luis, el Tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima, el Interceptor Norte y el Proyecto Especial Río Cachi. Por ello se efectuaron informes por cada una de las obras mencionadas, que fueron remitidos al Poder Judicial y al Ministerio Público.

Alarcón manifestó que de esta manera la Contraloría busca evidenciar primeros alcances de las investigaciones que realiza y tomar distancia de las funciones de otras entidades. “Sabemos que la gran mayoría de los informes están a nivel del Poder Judicial, porque aún no se resuelven. Sí se ha hecho trabajo (de investigación) en la Contraloría, pero nosotros no vemos si hay coima o no, y mucho menos quién la tiene. Vemos la ejecución de contratos, los procesos de inversión, y ahí es donde determinamos las responsabilidades”, expresó.

De esta manera, puso énfasis en que es la Fiscalía de la Nación la institución responsable de evaluar el informe presentado por la Contraloría, recopilar los datos y complementarlos con otros esenciales, como denuncias fiscales, y ampliar las investigaciones del caso.

Durante su exposición, Alarcón también mencionó los megaproyectos que la constructora brasileña contrató con entidades como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Instituto Nacional de Desarrollo, la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, la Municipalidad de Lima, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y los gobiernos regionales.