Fiscalía investiga a Percy Ramos y Ricardo Velezmoro

Mediante Disposición N° 1, la Fiscalía Provincia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios anunció el inicio de sus diligencias preliminares de investigación por el lapso de 120 días, con el fin de sustentar las indagaciones por peculado en agravio del municipio lambayecano.

En dichas investigaciones está inmerso el actual alcalde provincial de Lambayeque, Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz, el exburgomaestre de esta ciudad, Percy Alberto Ramos Puelles, además de los actuales regidores y exconcejales de la gestión anterior.

Es así que el fiscal José Oscar Guevara Gilarmas, tras revisar la Hoja Informativa N° 01-2015-CG/CRN/MEDLRI elaborada por auditores de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República, respecto de la determinación del alcalde y dieta de los regidores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL), ordenó el inicio de las diligencias preliminares de investigación.

ERA VELEZMORO. El caso que compromete al burgomaestre lambayecano en ejercicio, Ricardo Velezmoro, se inicia con la primera sesión de concejo, la cual se llevó a cabo el día 20 de enero, en la que nueve de los once regidores decidieron aprobar el sueldo a favor del alcalde Velezmoro Ruiz, a pesar de estar publicada la prohibición legal, según se aprecia en el Caso N° 2406075500-2015-107-0.

Cabe hacer mención que, antes de proceder con el aumento del sueldo del alcalde y las dietas de los regidores, el asesor legal y subgerente de Planificación de la comuna hizo una exposición legal sobre el tema, llegándose a aprobar al final de la misma que, el sueldo del alcalde se incremente a 8,450 soles, por lo que los regidores pasaban a percibir el 30% del total de esta remuneración, es decir, cada uno aceptaba cobrar 2,535 soles por concepto de dieta.

Se resalta que en aquella ocasión los concejales que votaron a favor por este incremento fueron: Mónica Giuliana Toscanelli Rodríguez, Iván Alonso Marx Herrera Bernabé, César Antonio Zeña Santamaría, Augusta Ercilia Sorogastua Damián, Miguel Ángel Idrogo Díaz, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Víctor Manuel Suclupe Llontop, Carlos Augusto Díaz Junco y Joaquín Teodomiro Chávez Siancas.

Se remarca que los regidores Javier Mesta Rivadeneyra y Armando Rivas Guevara, se abstuvieron de votar, pero según las normas vigentes, esto no los deja al margen de alguna responsabilidad, ya que no votaron en contra.

EN LA ERA RAMOS. Una actitud similar adoptó en su momento el exburgomaestre lambayecano, Percy Ramos Puelles, ya que la Contraloría también detectó que en su último periodo (2011- 2014) su concejo municipal también aumentó ilegalmente el sueldo y dietas.

El cuerpo de regidores por aquellos entonces estuvo compuesto por: Clemente Bances Cajusol, Iván Alonso Marx Herrera Bernabé, Edith Milagros Montalvo Vélez, Gregorio Ordoñez Santisteban, Edgard Dante Saavedra Zapata, Luis Alberto Sánchez Rosado, José Elías Zeña Del Valle, César Antonio Zeña Santamaría, Consuelo Del Carmen Tena Castillo, Antonio Miguel Riojas Ortega (actual consejero regional) y María Del Carmen Saldaña Herrera.

Los antes mencionados, en sesión ordinaria N° 02-2011 del 31 de enero de 2011, ampliada con fecha 24 de febrero del mismo año, debatieron el incremento de la remuneración del alcalde a S/. 8.450,00 nuevos soles y las dietas de los regidores en el 30% de ese monto, es decir S/.2535,00 nuevos soles.

Con este incremento transgredieron el artículo 6.1 de la Ley N° 29626, del 08 de octubre de 2010, articulo 21 segundo párrafo de la Ley N° 27972 ‘Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 6-II del Decreto Supremo N° 025-2007-PCM; pues el sueldo tanto del alcalde como la dieta de los regidores se habría fijado el año 2006, y que lo habrían hecho de manera deliberada y conociendo la prohibición legal expresa al respecto.

Con todos estos indicios, la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República practicó un examen especial a la Municipalidad Provincial de Lambayeque, buscando establecer si el incremento de dietas de los regidores de la indicada comuna, al margen de la normativa vigente ocasionó perjuicio económico al Estado, llegándose a determinar que, en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013, el entonces alcalde Percy Alberto Ramos Puelles, continuó percibiendo como remuneración la suma de S/. 5.798,00 nuevos soles, monto que fue rebajado luego de la recomendación que hiciera la Contraloría con el informe N° 127-2014.

GRAN PERJUICIO. Además se conoció que según las indagaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, tanto del sueldo del alcalde como de las dietas de los regidores habría causado un perjuicio económico al Estado por el monto de S/. 312.425,76 nuevos soles.

Este perjuicio contempla montos como el de Clemente Bances Cajusol, Iván Alonso Marx Herrera Bernabé, Edith Milagros Montalvo Vélez, Gregorio Ordoñez Santisteban, Edgard Dante Saavedra Zapata, Luis Alberto Sánchez Rosado, José Elías Zeña Del Valle, César Antonio Zeña Santamaría, S/. 33.180,00 nuevos soles. Consuelo Del Carmen Tena Castillo S/. 29.202,00 nuevos soles. Antonio Miguel Riojas Ortega S/. 6.141,88 nuevos soles y María Del Carmen Saldaña Herrera S/. 12.141,88 nuevos soles.

De acuerdo a lo que dicta la carpeta fiscal, las diligencias preliminares se iniciaron contra: Percy Alberto Ramos Puelles, Clemente Bances Cajusol, Iván Alonso Herrera Bernabe, Edith Milagros Montalvo Vélez, Gregorio Ordoñez Santisteban, Antonio Miguel Riojas Ortega (actual consejero regional de Lambayeque, representando al Partido Aprista Peruano), Edgard Dante Saavedra Zapata, María Del Carmen Saldaña Herrera. Luis Alberto Sánchez Rosado, Consuelo Del Carmen Tena Castillo, José Elías Zeña Del Valle, César Antonio Zeña Santamaría, Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz, Mónica Guiliana Toscanelli Rodríguez, Augusta Ercilia Sorogastua Gonzaga, Víctor Manuel Suclupe Llontop, Carlos Augusto Díaz Junco, Joaquín Teodomiro Chávez Siancas, Francisco Javier Mesta Rivadeneira, Armando Rivas Guevara y los que resulten responsables del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado; en agravio del Estado, fijándose como plazo de investigación 120 días.

De acuerdo a la cédula de notificación del Ministerio Público, las declaraciones de los involucrados comenzaron desde el pasado 28 de mayo, las mismas que se extendieron hasta hace pocos días antes de cerrar esta nota periodística.