Había recomendaciones de pagar laudo en partes

Un nuevo cuestionamiento a la actual gestión edil provincial, encabezada por David Cornejo Chinguel, salta respecto al pago del laudo arbitral que esta comuna hizo a favor de la Constructora Corona en plena emergencia administrativa.

Se trata de las recomendaciones hechas, en su momento, tanto por el entonces gerente de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Ruperto Castellanos Custodio, y la procuradora municipal (en aquel momento) Giulliana Vásquez Carrasco relacionado a la forma del pago de este laudo.

Correo tuvo acceso a los informes que ambos funcionarios emitieron respecto a la cancelación de este laudo arbitral, en los que recomendaban celebrar un convenio de pagos o cronograma de pagos para que la MPCh cumpla con remunerar los 93 mil 751.11 soles correspondientes al laudo arbitral que la comuna perdió ante la Constructora Corona.

AL DETALLE. Según consta en el Informe N° 59-2015-PPM/PMCH rubricado por la entonces procuradora municipal, Giulliana Vásquez Carrasco, dirigido al alcalde David Cornejo el 25 de marzo del presente año, entre las conclusiones y recomendaciones propone un cronograma de pagos en este tema.

“La MPCh está obligada al pago contenido en el laudo arbitral. En caso de que el demandante recurra a la vía judicial mediante un proceso de ejecución de laudo, la MPCh deberá asumir además de los importes determinados en el laudo, el pago de las costas y costos porcentuales, pudiendo incluso el ejecutante pedir la ejecución forzada”.

En otra recomendación expresa “ante estas consideraciones, este despacho opina que a efectos de evitar la asunción del pago de costos y costas procesales, se puede proponer al demandante pagarle de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la entidad, proponiéndole la formulación de un cronograma de pagos. En caso que el demandante acepte un pago fraccionado, se deberá coordinar con la Gerencia General y con la gerencia de Administración y Finanzas a efectos de realizar un cronograma de pagos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la entidad”.

De una opinión similar fue, en su momento, el asesor legal de la MPCh, Ruperto Castellanos, quien ahora ejerce el cargo de gerente general de esta comuna.

Castellanos, mediante informe N° 023- 2015/MPCH/GAJ de fecha 27 de marzo de 2015, se dirige a Leopoldo Vásquez Casas responsable de la gerencia de Administración y Finanzas.

En este informe, Castellanos Custodio recomienda proceder a cumplir con el laudo arbitral. Además añade que “se debe solicitar la verificación presupuestal para el cumplimiento de la obligación. Celebrar un convenio de pagos con el consorcio Progreso (Constructora Corona), conforme a las previsiones presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuesto N° 28411”, acota.

EL INFORME. Correo también tuvo acceso al Informe N° 27- 2015-MPCH- GM de fecha 27 de junio del presente, el cual está firmado por el actual gerente municipal, Ruperto Castellanos, el mismo que está dirigido al alcalde, David Cornejo Chinguel, en cumplimiento a la “información requerida por los regidores sobre publicaciones por supuestos incumplimientos de normas de conciliación y pago de obras de gestión anterior”, se lee como encabezado en el mismo.

Dicho informe comienza manifestando, “ratificar la apreciación que tenemos sobre un sector del periodismo, empeñado en crear dudas sobre la transparencia de la gestión, aspecto que como lo he expresado en las diferentes gerencias, no van a amilanarnos en nuestra voluntad de trabajar por recuperar la dignidad de los chiclayanos…”.

Asimismo indica, “el caso: pago de S/. 3,000.00 al término de emergencia, trata del laudo arbitral derivado de la ejecución de la obra “Pavimentación flexible en caliente, Av. Pedro Ruiz; Av. Eufemio Lora”, que estuvo a cargo del Consorcio Progreso (Constructora Corona), obra que se efectuó en el 2013, y a quien le fue cancelando el total de lo contratado, negándose el pago de un adicional por la suma de S/. 93,000.00, lo que llevó al empresario a iniciar un arbitraje en el año 2014 ante la Cámara de Comercio, resolviéndose en contra de la MPCh en el mes de noviembre de 2014 cuando estaba encargada de la alcaldía la señora Montenegro (Elizabeth) y se desempeñaba como procurador municipal el abogado Pedro Alvarado”, afirma Castellanos en el informe.

En otro acápite precisa “por error (dejando a salvo su capacidad), el citado procurador procedió a interponer un recurso de apelación contra el laudo, acción que no correspondía; toda vez que era nulidad y se interponía ante la Sala Civil del Poder Judicial, por lo que por lógica dicho recurso fue denegado por no ser correcto, ni el recurso, ni la vía…”.

Punto aparte agrega, “en abril del presente año efectivamente, ya declarado consentido el laudo, se exigió su cumplimiento con los apercibimientos y que obligó al pago de la suma indicada, lo que inclusive es parte, por cuanto además de dicho monto, debe cancelarse la suma de S/. 30.000.00 más, por honorarios del perito y que hasta la fecha está pendiente…”, sostiene.

Respecto al pago de la conciliación de un millón de soles por la polémica obra de la Av. Cajamarca, Castellanos, tras un breve análisis de cómo y en qué condiciones encontraron dichos trabajos “abandonada por cerca de 7 meses, en la que la constructora había removido las 16 cuadras, con agua estancada, tubos de agua y desagüe expuestos, en claro riesgo contra la salud de los pobladores…”.

El hoy gerente general de la MPCh explica que ante este panorama tenían dos alternativas: condenar a la población de la calle Cajamarca a un proceso que podría durar mucho tiempo; o proponer una solución más saludable.

“Si bien se ha dado lugar a una ampliación de plazo para la culminación de la obra, esta ha sido consecuencia de ampliaciones que han tenido que ver con la petición de los pobladores para mejorar las calles que colindan con el parque”, acota.

Por último se refiere al tema que relacionado a que si la procuradora edil de ese entonces, Giulliana Vásquez Carrasco, tenía o no facultades para conciliar por este monto (un millón de soles), tema que ha sido denunciado por el exprocurador edil, Pedro Alvarado, quien sostiene que la ley no la ampara para conciliar por esta suma.

“… lo ocurrido es que el exprocurador ha citado normas que ya fueron modificadas, demostrando su falta de profesionalismo, en consecuencia, lo efectuado por parte de la procuraduría se enmarca en la legalidad”.