Incertidumbre en Tumán tras fallo que ordena nuevo cambio de administradores

Como en aquellas historias que suelen sorprender al lector con un giro insospechado en la trama, la resolución emitida el último lunes por la jueza Karina Fabián Palomino ha dejado un ambiente de suspenso alrededor de la Empresa Agroindustrial Tumán.

Y es que ese mismo día, tras quedar frustrada la diligencia que tenía programada en el ingenio azucarero, la magistrada decidió designar a una nueva administración judicial, conformada por los trabajadores Leoncio Egúsquiza Sánchez, Alejandro Zevallos Gonzales y César Augusto Sandoval Lozada.

Pero eso no es todo, sino que, en la misma resolución N° 536 del expediente 4430-2001, la titular del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo desestima tanto la administración de Segundo Ordinola Zapata como la de Marcelino Llontop Suyón.

Esto, pese a que la primera había obtenido un fallo favorable en junio de este año y preparaba su retorno a la azucarera, mientras que la segunda, integrada por trabajadores de la compañía, se oponía a este regreso, tras permanecer al mando desde septiembre del año pasado. Con todo esto, ¿qué sucederá en adelante con la empresa Tumán?

RECELO. Alejandro Zevallos, dirigente de los trabajadores de la azucarera, es uno de los administradores judiciales designados en esta resolución que consta en el expediente 4430-2001.

“Realmente sorpresivo, pero se debe resaltar que la doctora Fabián, a través de esta resolución, está cancelando la deuda que tenía Tumán con el Grupo Oviedo”, señala al respecto Zevallos Gonzales.

La deuda que él menciona, como se sabe, fue la que en un principio originó la designación de la administración judicial a cargo de Segundo Ordinola, la misma que debía regir hasta el pago total de lo adeudado, una cifra en la que tampoco existía un acuerdo hasta la fecha.

Sin embargo, la resolución de la jueza Karina Fabián no solo considera válido el informe N° 232-2015-DR.COSPJ, que establece un monto de 643 mil 508 dólares, sino que, además, señala que dicha cantidad ya fue cancelada por la empresa, durante la gestión de Llontop.

Zevallos considera que esta decisión es positiva, tanto como la subrogación de los administradores liderados por Ordinola, pero prefiere no adelantar más opinión y asegura que junto a los asesores legales del ingenio se hallan revisando cuidadosamente el fallo judicial.

“La resolución (para el retorno de la administración Ordinola) está desde el 30 de junio. Han transcurrido más de 40 días y la jueza no se había pronunciado, pero ahora sí e incluso extingue la deuda, entonces, ¿por qué no lo hizo antes? Por eso, creo que tenemos la madurez suficiente y vamos a tratar esa resolución con pinzas”, asevera el dirigente.

AUDITORÍA. Quien tiene una opinión un tanto diferente es el otro integrante de la “nueva” administración y además presidente de la Asociación de Accionistas Unidos de la Empresa Tumán, César Sandoval Lozada.

“El señor Egúsquiza ha estado colaborando con la gestión de Marcelino Llontop, al igual que el señor Zevallos. Yo he estado en la oposición, por cuanto he hecho varias demandas y he quejado el juez Frank Pérez Alquizar”, menciona el dirigente.

Como se recuerda, fue el magistrado Pérez Alquizar, del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, quien designó a la administración que lidera Marcelino Llontop.

Pese a las discrepancias, Sandoval Lozada dice que espera mantener un diálogo con sus “pares” por el bien de los trabajadores. Además, dice saludar el fallo de la jueza Karina Fabián y recalca que se debe realizar una auditoría a la gestión que ingresó en septiembre del 2015.

DENUNCIA. Correo se comunicó con el abogado de la administración liderada por Marcelino Llontop, José Rimarachín Carranza, quien calificó de “aberrante y contraproducente” la decisión de la jueza. “Es contradictorio y genera incertidumbre, lo cual podría traer consigo problemas internos. En apariencia se buscaría crear una desunión o discrepancias, que espero no se den”, expresó el hombre de leyes.

Agregó que en los próximos días denunciarán a la magistrada ante el Ministerio Público, según dijo, por el presunto delito de prevaricato.

Asimismo, intentamos comunicarnos con el dirigente Leoncio Egúsquiza, quien no contestó las llamadas. También quedó pendiente conocer la posición del Grupo Oviedo, pues si bien se llamó con insistencia a su asesor legal, José Carlos Isla Montaño, no fue posible obtener una respuesta.