La Policía pide expulsar a 80 colombianos que están como ilegales en Lambayeque

Con un pie afuera. La Policía Nacional del Perú (PNP) solicitó que 80 ciudadanos colombianos que viven en la región Lambayeque sean deportados debido a que se encuentran en condición de ilegales.

Así lo indicó el jefe de la Segunda Macro Región Policial, Jorge Pérez Flores, quien agregó que solo se está a la espera de la respectiva resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones para disponer que dichos extranjeros sean deportados.

SITUACIÓN. Como se sabe, durante los últimos meses se pudo ver cómo cientos de ciudadanos colombianos llegaron hasta la región y, sobre todo, a la ciudad de Chiclayo, en condición de turistas.

Sin embargo, el problema empezó cuando muchos de estos visitantes terminaron quedándose más tiempo del permitido según la Ley de Migraciones y, sobre todo, cuando se reportaron casos de personas que había solicitado préstamos de dinero a los colombianos mediante la modalidad conocida como “gota a gota”, donde al no cumplir con la cuota diaria para devolver el dinero, dichas personas eran víctimas de amenazas.

En enero de este año, el Departamento de Seguridad del Estado (DEPSEEST) registraba cerca de 90 ciudadanos de Colombia intervenidos por infracción a la Ley de Extranjería, desde enero del 2016. No obstante, la oficina de Migraciones de Chiclayo daba cuenta de que aproximadamente 800 colombianos se encontraban en la región.

“Estamos solo a espera de la resolución de Migraciones para proceder a la expulsión de estas 80 personas. Si bien algunos casos son de Lambayeque y Ferreñafe, la mayor cantidad se registra en Chiclayo”, manifestó el jefe policial, Jorge Pérez.

DENUNCIAS. Desde hace algunos años, los investigadores han advertido la presencia de una aparente “mafia” conformada por ciudadanos colombianos, que operaría mediante el ya mencionado “gota a gota”. Dado que el préstamo de dinero no es un delito, estas personas se aprovecharían de ello para cobrar hasta el 100 por ciento de intereses a sus clientes, lo cual la Policía sí reconoce como un presunto delito de usura.

Los clientes acceden a pagar estos intereses por la misma necesidad en que se encuentran, pero cuando se retrasan uno o dos días en el pago, los extranjeros recurrirían a la violencia para cobrar el dinero. Al respecto, el general Jorge Pérez señaló que esta situación no es denunciada por las víctimas en la gran mayoría de los casos.

“En el caso de estos préstamos, los clientes suelen pensar que están siendo beneficiados en un inicio, pero a medida que pasa el tiempo descubren que no están en la capacidad de seguir pagando. No hay denuncias y eso limita a la Policía a iniciar las investigaciones respectivas junto con el Ministerio Público”, dijo.

Cabe indicar que cuando se detiene a un ciudadano extranjero, este solo permanece unas horas intervenido en la sede policial, puesto que así lo determina el Decreto Supremo 703.

Fuentes policiales indicaron que esto también dificulta el iniciar una investigación contra los intervenidos. Además, se mencionó que de los 80 colombianos para los cuales se ha solicitado la expulsión, alrededor de 20 han estado implicados en actos ilícitos, como robos o atracos. Las fuentes coincidieron en que la población no suele denunciar los casos de extorsión o usura, en ocasiones por temor a represalias.

A su vez, el jefe de la Macro Región Policial, Jorge Pérez, concluyó afirmando que si bien estos 80 casos fueron denunciados, ”existe un número mucho mayor que también están en condición de ilegalidad”.