Lambayeque: La Procuraduría pone en la mira a los implicados en caso UNPRG

El encargado de la Procuraduría Pública Anticorrupción, Jorge Valentín Carnero Cueva, solicitó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) información sobre los bienes de 17 investigados en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Ello con el fin de garantizar el pago de la reparación civil fijada a favor del Estado, de acuerdo a los resultados de las investigaciones que se vienen llevando a cabo en el Ministerio Público.

INVESTIGADOS. Según el oficio N° 107 -2015-JUS/CDJE-PPEDC-LAM-VMZV se indica que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción ejerce la defensa de los intereses del Estado, seguidos contra: Mariano Agustín Ramos García, Miguel Ángel Jiménez Gamarra, Marco Antonio Guzmán Vigo, Denis Salvador Liza Cumpa, Susana Oblitas Meza, Jorge Javier Mau Ching, Wladymir Teófilo Rodríguez Urbina, Mauricio Marcelo López Fernández, Mariano Larrea Chucas, Salatiel Marrufo Alcántara, Percy Luber Ipanaque Navarro, Oscar Fernández Aurazo, Anibal Jesús, Salazar Mendoza, César Otero Yamunaqué, Luis Alberto Reyes Lescano, Noemí León Roque y de Israel Sandoval Félix.

CASOS. Como se recuerda, la Contraloría General de la República detectó algunas irregularidades en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, específicamente en el presunto direccionamiento en la licitación de la filial Cutervo, de acuerdo un examen especial que realizó la Contraloría.

En este proceso se encuentran involucrados el rector Agustín Ramos García y Miguel Ángel Jiménez Gamarra (en calidad de secretario general UNPRG), Marco Antonio Guzmán Vigo (jefe Oficina Central de Obras) y Denis Salvador Liza Cumpa (jefe de la Unidad de Programación), como presidente y miembros titulares del comité especial que sacó adelante el proceso de selección referido a la ejecución de las obras que forman parte del primer componente (proceso por adjudicación directa pública- ejecución de la obra por contrata del proyecto de inversión pública denominado Mejora de la calidad en la gestión académica y administrativa de la UNPRG- Filial Cutervo), según las investigaciones.

Cabe resaltar que la conducción del proceso de selección para la adquisición de equipamiento correspondiente al segundo componente, fue encargada también al comité designado a través de la Resolución N° 994-2013- R.

En ese mismo orden, la pericia de la Contraloría agrega que el expediente de contratación de la Licitación Pública N° 005- 2013/UNPRG alcanzando a la comisión auditora, no contenía el acta de instalación del comité, las bases administrativas y su documento de aprobación, lo que fue requerido al jefe de la oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (...) advirtiéndose que dichas bases no fueron visadas en todas sus páginas por los miembros del comité como lo prevé la Ley de Contrataciones del Estado.

Entre otros casos que se investigan está el presunto proceso irregular de selección en la compra de 102 equipos de laboratorio para una filial de la Facultad de Zootecnia; donde se involucra a Ramos García y una proveedora, quien habría consignado datos falsos para favorecerse de la Licitación Pública N° 005-2013/UNPRG valorizada en S/. 1 millón 221 mil 87, y a quien luego se le descubrió que su real oficina, era un quiosco de venta de artículos de computación e impresoras.

El caso pretende resolver si se cometieron los ilícitos de peculado, colusión, administración fraudulenta, cobro indebido, malversación, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsedad genérica.

Entre otras investigaciones a los catedráticos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, también se encuentra la que varios tienen por delito de peculado, planillas doradas (aumento de sueldos por encima de lo permitido por ley).

Cabe mencionar entre otros de lo casos emblemáticos en esta universidad, el de las sustentaciones en paquete.

Según la Fiscalía, en este caso se investiga a alumnos y docentes porque realizaron depósitos de dinero en las cuentas personales de catedráticos que se desempeñaban como jurados de tesis y que han sido denunciados por delitos contra la administración pública (corrupción).

Justamente por este caso la Procuraduría Pública Anticorrupción solicitó como indemnización por el daño moral ocasionado al Estado, la suma de 6 millones de nuevos soles, sustentado que hubo un quebrantamiento a los principios de confiabilidad e imparcialidad que se impone siempre a los funcionarios y servidores públicos.

En esta investigación se sustenta que, por ejemplo, los investigados, José Gómez Cumpa, Juan Aguinaga Moreno y Julia Mirtha Liza Gonzales, aprovechándose de los cargos que ostentaban se autodesignaban “jurados de sustentación de tesis”, con la finalidad de evaluar a los egresados de estos estudios, habiendo llegado a evaluar un promedio de 1500 tesis.

Ello durante el periodo de octubre del 2012 a julio a 2014, para lo cual instituyeron las “sustentaciones en paquete” o “sustentaciones masivas”, encargándose el coordinador de las oficinas de Extensión de la facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación de captar a los posibles tesistas, los mismos que dependen del decano de la facultad (José Wilson Gómez Cumpa), quien a su vez coordinaba con la investigada Mirtha Liza Gonzales, directora de la sección de Postgrado de la FACHSE.

El documento indica además que, esta oferta de venta del “paquete de tesis” para la obtención del grado de maestro, era de 4 mil nuevos soles, el mismo que incluía la elaboración del proyecto de tesis y aprobación, nombramiento de jurado y asesor, elaboración de informe de tesis, presentación y sustentación con diapositivas y preguntas preparadas, aprobación garantizada, trámite súper rápido en el FACHSE.