Piden cadena perpetua para Marcio Núñez en caso de menor fallecida

Complicado. El último martes, la Fiscalía presentó su requerimiento acusatorio en el caso de la menor de 11 años de iniciales K. M. Ch. N., quien falleció tras sufrir un aborto en diciembre del año pasado, en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Como se recuerda, el Ministerio Público incluyó en su investigación tanto al primo de la niña, Marcio Núñez Criollo, como a los padres de este último, Luz Bertha Criollo Llacsahuanga y Nicanor Núñez Reyes. Para ellos, se solicita una pena de 6 años de cárcel, pero, en el caso de Marcio, el requerimiento es de cadena perpetua.

ACUSACIÓN. La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de José Leonardo Ortiz pidió la pena máxima para Núñez Criollo por el supuesto delito de violación sexual. Cabe indicar que, en su momento, existió una controversia al respecto pues se debía demostrar que el investigado había mantenido relaciones sexuales con su prima cuando este ya había cumplido la mayoría de edad.

No obstante, la Fiscalía requirió la cadena perpetua, así como una condena de 8 años de cárcel contra Marcio por presunto aborto sin consentimiento en calidad de instigador.

En el caso de Bertha Criollo y Nicanor Núñez, el Ministerio Público pidió el archivamiento de la investigación en su contra por los aparentes ilícitos de violación (donde Nicanor Núñez figuraba como autor y su esposa como cómplice) y aborto sin consentimiento agravado.

No obstante, sí pidió una pena de 6 años de cárcel para los tíos de la víctima por el presunto delito de exposición a peligro de persona dependiente.

PRISIÓN. Por su parte, el abogado de Bertha Criollo, Luis Vera Chuñe, rechazó la posición de la Fiscalía en el sentido de que la medida de prisión preventiva contra su patrocinada se prolongaría de forma automática por otros 9 meses al tratarse de un caso complejo.

El hombre de leyes aseguró que esto debió ser requerido en su momento al juzgado y dijo que el pasado lunes solicitó la excarcelación de Criollo Llacsahuanga, pues el plazo de la medida coercitiva para ella y su esposo habría vencido el pasado 11 de septiembre.