Presos de Chiclayo a la espera de una sentencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que había un uso abusivo de prisión preventiva en varios países de América Latina. Eso sucedería en la región Lambayeque, pues en el penal de Chiclayo, un total de 1,999 reos aún no son sentenciados.

Cabe indicar que el recinto penitenciario se encuentra hacinado, debido a que alberga a un total de 3,881 presos y solo fue construido para cerca de 2,000 internos.

De todos los encarcelados solo 1,882 cuentan con una sentencia condenatoria, el resto continúa con prisión preventiva mientras son investigados por diversos delitos y se hallan en los pabellones de Régimen Cerrado Especial, Ordinario y de Mujeres.

A LA ESPERA. El director del Inpe región Norte, Juan Herrera Chávez, dio a conocer que de acuerdo a las estadísticas que manejan solo 1,828 varones y 54 mujeres son los que han recibido una condena, al ser hallados responsables en la comisión de diferentes delitos. Mientras tanto, la cifra restante sigue a la espera de que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se pronuncie y analice sus casos.

Chávez Herrera solicita al Poder Judicial y al Ministerio Público agilizar los expedientes y así lo más pronto posible se resuelvan todos los procesos que aún permanecen pendientes, tanto por los delitos de robo agravado, contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, homicidio, lavado de activos, peculado, entre otros casos.

El funcionario teme que puedan ingresar más internos y la cifra aumente, peor aún, sabiendo que no se puede ampliar con más ambientes la cárcel debido que no tienen la respectiva licencia social.

Del mismo modo, señaló que la población penal está conformada por diversas edades, siendo de gran número los jóvenes entre 19 y 26 años de edad.

TOPE. Para el jefe la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura - ODECMA Lambayeque, Cástulo Rojas Díaz, el problema no es del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo que debe centrarse en ampliar más espacios carcelarios para que de esa manera no haya hacinamiento con los presos que continúan ingresando bajo una prisión preventiva.

“Las prisiones preventivas son medidas excepcionales, cautelares dentro del proceso penal destinados para asegurar la presencia, evitar la interferencia o la fuga entre las personas sometidas al proceso penal. Le corresponde a cada juez verificar o establecer cada caso concreto si procede o no la medida cautelar. Con respecto al hacinamiento, es responsabilidad del Ejecutivo ampliar el recinto carcelario, que no es la solución pero es el remedio que tenemos por el momento”, sostuvo.

El magistrado explicó que cada medida es dictada por un juez, pero sus decisiones son revisadas en segunda instancia, viéndose como un control judicial.

Dijo que el tope máximo de una prisión preventiva es de 36 meses y en algunos casos se puede prolongar hasta 72, debido a que si la defensa o los procesados emplean conductas o maniobras dilatorias para hacer que se venza el plazo de investigación, sin que hayan obtenido una sentencia.

“Esas conductas no abonan si no frustran audiencias, también que los abogados no concurran a las audiencias o los procesados no brinden sus declaraciones. Eso genera la prolongación de una medida preventiva y por ende tienen que permanecer más tiempo hasta ser sentenciados”, añadió.

CASOS. Rojas Díaz aseguró que actualmente hay reclamos a través de los abogados de los presuntos integrantes de la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, cuyo cabecilla es el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles. Esto debido que el plazo de prisión preventiva de 36 meses dictada por la juez Cecilia Grandez, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, ya está por culminar.

“En los limpios hay reclamos por el plazo que se estaría venciendo y este mismo se puede ampliar. Si no se concurre con las investigaciones los letrados pueden pedir el cese de su prisión preventiva para los investigados, o en todo caso sería la responsabilidad o la diligencia que corresponde a los representantes del Ministerio Público”, finalizó el jefe de la Odecma.