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Alcalde podría ser vacado al anular resolución de obras que estaban en arbitraje

En octubre, el burgomaestre de Sullana, Carlos Távara Polo, resolvió anular dos resoluciones con las que había aprobado las liquidaciones de dos obras. Esto lo hizo sin considerar que existe un proceso arbitral en marcha, el cual fue entablado por el consorcio un mes antes. Esta decisión podría ocasionar perjuicios a la comuna

Alcalde podría ser vacado al anular resolución de obras que estaban en arbitraje

Alcalde podría ser vacado al anular resolución de obras que estaban en arbitraje

03 de Noviembre del 2016 - 09:15 » Textos: Luisa Alatrista » Fotos: Correo

No se sabe si por desconocimiento o a causa de un mal asesoramiento por parte de sus funcionarios, es que el alcalde de Sullana, Carlos Távara Polo, anuló las liquidaciones de dos obras que son materia de controversia en el proceso de arbitraje que le entabló el consorcio CRVS a la municipalidad chirense.

Las obras corresponden a la construcción de un almacén en el distrito de Salitral y un canal de regadío en Cieneguillo a cargo de la municipalidad, que licitó los proyectos en el marco del concurso de Procompite.

Por estos proyectos, la empresa CRVS mantuvo un vínculo contractual con la municipalidad, el mismo que acabó en malos términos, a tal punto que el empresario salió denunciando a la otra parte debido a que ésta se mostró reacia a pagarles las dos liquidaciones que el propio alcalde Carlos Távara aprobó mediante resoluciones de alcaldía N° 163 y 164 del 2016.

ANTECEDENTES. Durante ocho meses, el empresario estuvo insistiendo para que hagan efectivo el pago, sin obtener respuesta por parte de los funcionarios, hasta que en agosto de este año decide entablar el arbitraje.

Son dos millones 700 mil soles el pago por reparación a favor del contratista, si es que el tribunal decide darle la razón, de acuerdo con su solicitud alcanzada al Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Ingenieros, donde se ventila el caso.

La municipalidad tampoco ha dado su brazo a torcer, y en octubre de este año designó a un abogado para que la represente durante el proceso arbitral seguido contra el consorcio CRVS.

De esta manera, la comuna aceptó su participación en el proceso arbitral, por lo que no es comprensible cómo en el mismo mes, el alcalde anuló las dos liquidaciones que son materia de controversia de los árbitros, mediante resolución de alcaldía N° 1304, del 10 de octubre de este año.

Para el gerente general de la empresa CRVS, Carlos Valdiviezo Santín, el alcalde habría incurrido en un abuso de autoridad que podría vacarlo del cargo.

CONTRADICTORIO. “El 12 de octubre me notifican de la resolución de nulidad cuando eso no puede ser porque yo estoy en un proceso de arbitraje. El arbitraje inició hace dos meses (agosto). Incluso ellos me notifican su árbitro de las dos obras en octubre; y ese mismo mes deciden anular las liquidaciones”, aseveró el empresario.

Para el decano del Colegio de Abogados en Sullana, Javier Silva, ninguna autoridad debe interferir en las causas de un proceso en marcha que es objeto de discusión por parte del Tribunal o Centro de Conciliación. De lo contrario, estaría incurriendo en los delitos de abocamiento indebido y abuso de autoridad, el cual si es causal de una vacancia en razón de que se advierte una intención dolosa y negligencia por parte de la autoridad.

VACANCIA. “Hay que tener en claro que existe un proceso pendiente, en trámite, que ha sido permitido por las dos partes: empresa y municipalidad. En este caso, la comuna ya había designado un árbitro, pero decide de manera negligente anular las liquidaciones con acto resolutivo, lo que se configura como un delito de abuso de autoridad porque existe una intención o dolo y negligencia de parte del alcalde”, explicó el abogado al ser consultado sobre el tema.

De esta manera, el alcalde no estaría exento de ser vacado en sus funciones si es que el empresario se propone separarlo del cargo, al haber abusado de sus funciones conferidas, tal vez por desconocimiento o mal asesoramiento.

“Cuando salga la resolución de este laudo arbitral, podré tomar las acciones sobre el mal proceder del alcalde y voy a solicitar su vacancia, porque se supone que para firmar una resolución el expediente pasa por varias oficinas y el mismo me notifica con carta notarial sobre su abogado que los va a representar en el arbitraje”, cuestionó el empresario.

Precisó que son más de dos millones la solicitud arbitral alcanzada por la empresa al Centro de Conciliación, cuyos árbitros designados deberán dirimir sobre la situación, y finalmente darle la razón a cualquiera de las dos partes.

INDEBIDO. En la otra esquina está la municipalidad, que insiste en su teoría que hubo un pago indebido efectuado a favor del empresario, que provocó la nulidad de las liquidaciones. Lo extraño es que se dieron cuenta ocho meses después, cuando ya estaba en curso el proceso arbitral.

De acuerdo con el convenio, la municipalidad pagaba el 50% y Bananeros Orgánicos Solidarios Salitral el otro 50%.

Sin embargo, funcionarios municipales indican que se ha detectado que la contratista presentó documentos para que la municipalidad le pague el 100% de la obra, cuando solo le correspondía el 50%. Además, la misma empresa ya había cobrado el monto que le correspondía a la bananera.

Por esta razón es que “mediante resolución de octubre, el alcalde Carlos Távara ha declarado la nulidad de dos liquidaciones de obra que la empresa CRVS Constructora EIRL pretendía realizar de manera irregular”, se defendieron los funcionarios.

CONFLICTO. Aunque, para el empresario Valdiviezo la convocatoria fue licitada por la municipalidad, por tanto es competencia de la misma obtener los recursos para la cancelación, independientemente si los fondos provienen de un convenio con una bananera.

Por último, aseguraron que la obra fue terminada e incluso las cartas fianzas les fueron devueltas en febrero.

Por su parte, la municipalidad no se ha pronunciado sobre el tema materia de la controversia que pone en duda el nivel de preparación de los funcionarios del alcalde, al intervenir en un proceso arbitral en curso mediante la anulación de una resolución.

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