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Aperturan investigación en denuncia por tierras

Fiscal Jack Trelles será el responsable de investigar este caso en donde están involucrados magistrados, trabajadores del Poder Judicial y el alcalde de la comuna de Miguel Checa, por ceder terrenos de manera directa sin subasta
Aperturan investigación en denuncia por tierras

Aperturan investigación en denuncia por tierras

01 de Septiembre del 2017 - 09:48 » Textos: Luisa Alatrista » Fotos: Correo

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana ha dado inicio a la investigación preliminar por la adjudicación, aparentemente irregular, de terrenos en Jíbito otorgados de manera directa por la municipalidad de Miguel Checa en beneficio de funcionarios públicos del Poder Judicial.

Los imputados son personas ligadas a la administración pública como es el alcalde Pedro Zapata Sócola, y los responsables de impartir justicia como es el juez Juan Luis Alegría Hidalgo.

También ha sido considerada en la nómina de los denunciados la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Sullana, Janet Loayza Chávez; y los que resulten responsables.

En ese sentido, cabe indicar que la lista de trabajadores judiciales y magistrados del Poder Judicial beneficiados con lotes de terrenos a precio módico y/o donados a titulo gratuito, es vasta.

Se estima que son alrededor de cinco hectáreas de terreno entregadas a los beneficiarios sin el menor criterio y/o justificación-salvo por su condición de magistrados-sin respetar los debidos procedimientos enmarcados dentro del proceso de subasta pública.

ALCALDE BENEFACTOR. Respecto a este caso, el alcalde Pedro Zapata Sócola creyendo ser el “amo y señor” de los predios en Jíbito los entregó de manera directa a los interesados, simulando un contrato de compra-venta por el derecho de posesión ganado que habrían adquirido los beneficiarios, cuando éstos en realidad ni siquiera habitan en Sullana y mucho menos conocen donde están ubicados sus predios puesto que solamente abonaron el dinero a una cuenta bancaria.

Igualito, figuran como propietarios de vastos terrenos ubicados en una zona estratégica en la carretera Sullana a Paita, distante a solo cinco minutos de la ciudad, considerada dentro del área de expansión urbana con miras a proyectar trabajos de habilitación urbana.

CASO. Pero, ¿cómo es que los jueces que están impedidos de pertenecer a un gremio o sindicato figuran en la nómina de propietarios beneficiarios? Y no estamos hablando de cualquier magistrado, sino de jueces superiores y miembros de una Sala Penal, integrada, se supone, por profesionales probos, honestos, íntegros y justos. Aunque, acá parece suceder todo lo opuesto.

Estamos hablando de los jueces Juan Luis Alegría Hidalgo y Luciano Castillo Gutiérrez. El primero denunciado penalmente, y el segundo en proceso de terminar corriendo la misma suerte.

Ambos tienen en común el haber ocupado el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, en tiempos diferentes. También, los une su pasión por correr tras los terrenos cedidos por las municipalidades recurriendo a artes y estrategias que presuntamente rayarían con lo ilegal.

MUCHO OJO. Precisamente, será la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Sullana la encargada de investigar el caso en etapa preliminar.

Así lo informó el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Luis Ramos Rioja. Indicó que la denuncia fue asignada a un fiscal para que se esclarezcan los hechos.

En ese sentido, fue asignado el fiscal Jack Trelles Burneo, para estar a cargo de este caso y disponer las primeras diligencias.

Lo primero que hará el fiscal asignado es verificar si el hecho que se les imputa a los denunciados fue en el marco de sus funciones o como particulares.

Si el delito denunciado de negociación incompatible está enmarcado dentro del plano funcional, entonces “tendría que ser derivado a la Fiscalía Suprema de Control Interno”, por la investidura de los denunciados que son jueces superiores, explicó el coordinador.

En cambio, si actuaron como particulares la cosa es distinta y se queda acá nomás. “Si han actuado como particulares, lo podría ver esta Fiscalía por su condición de funcionarios (públicos) y porque hay de por medio una operación que habrían hecho con otro funcionario que es el alcalde de Sojo (Pedro Zapata Socola)”, explicó.

Algo similar esgrimió la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, Carolina Delgado Manrique, cuando se le consultó sobre este tema. “Cuando un magistrado es denunciado, si es por un delito cometido en el ejercicio de su función, eso debe ser conocido por una Fiscalía Suprema de control interno en Lima por la investidura de los magistrados”. No obstante hizo una aclaración, “pero si no son delitos de función quizás deben ser conocidos por el fuero común”. En ese sentido, “está pendiente la investigación en el despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios”, explicó.

DILIGENCIAS. De esta manera, el terreno ha quedado expedito para que sean llamados a declarar los involucrados en el marco de las investigaciones a cargo del fiscal Jack Trelles, el mismo que investiga la compra irregular de equipos cómputos en la Corte de Sullana, durante la gestión del expresidente Luciano Castillo Gutiérrez.

“Tenemos que, al menos, hacer unos actos de investigación previa para evaluar si existe esa posibilidad de remitirlo (el caso) a Lima. Es necesario primero iniciar las diligencias preliminares y comenzar a recabar información de la municipalidad, de la corte, registros públicos. Si en el camino nos vamos dando cuenta que esas personas (denunciados) han actuado dentro del marco funcional ahí si tendría que derivarse a la fiscalía superior”, informó el fiscal Ramos.

Como se recuerda, se viene denunciando que jueces en Sullana han obtenido predios sin respetar los procedimientos y firmando declaraciones juradas de posesión, cuando es sabido que no habitan en la zona. “Estamos viendo medidas de llamar a reunión a la población e invadir los terrenos del Poder Judicial, y lo haremos con nuestro pueblo”, amenazó la teniente gobernadora Teresa Huiman Martínez.